Una jueza federal ordenó al presidente Donald Trump restablecer temporalmente la financiación de programas que prestan servicios legales a niños no acompañados en procedimientos de inmigración.
La jueza Araceli Martínez-Olguín en San Francisco emitió una orden de restricción temporal que impide al Gobierno cortar fondos cruciales para que 26,000 niños puedan mantener a sus abogados.
“El mantenimiento de la financiación de los servicios de representación legal directa favorece los intereses públicos fundamentales de garantizar que los niños tengan acceso a representación legal y protección contra la trata de seres humanos”, escribió Martínez-Olguín.
El Gobierno no respondió una solicitud de comentarios.
La decisión de cancelar los fondos se produjo durante la campaña del presidente republicano para tomar medidas enérgicas contra la inmigración y programas humanitarios, que él considera excesivos.
Los proveedores de servicios jurídicos sin fines de lucro presentaron una demanda después de que el Gobierno detuviera la financiación. Martínez-Olguín, designada por el demócrata Joe Biden, señaló en su decisión que el Congreso ha asignado consistentemente fondos para representar a los niños en procedimientos de inmigración, proporcionando más de 5,000 millones de dólares para ese fin en el año fiscal 2024.
