Aunque normalmente se asocian los bienes del Estado con su propiedad pública, la teoría económica utiliza otros criterios para definirlos.
Los autores a menudo clasifican los bienes en tres tipos: públicos puros, públicos impuros y privados. Esto depende del grado de rivalidad en el consumo y la facilidad de excluir al usuario.
Rivalidad y Exclusión
Rivalidad: Cuando el consumo de un bien por una persona reduce su disponibilidad para otros. Por ejemplo, comer un helado no permite que otra persona lo consuma.
Exclusión: La facilidad con la que el proveedor puede impedir el acceso al bien a quienes no lo han pagado.
Bien Público Puro
Un bien público puro es aquel en el que hay dificultad para excluir a los consumidores y no hay rivalidad en su uso. Un ejemplo es el alumbrado público.
Bien Privado Puro
Un bien privado puro presenta rivalidad en el consumo y facilidad para excluir a los no pagantes. El helado es un ejemplo claro de este tipo de bien.
Bien Público Impuro
Este tipo incluye bienes con alguna forma de rivalidad o posibilidad de exclusión, como las telecomunicaciones. Aunque es difícil impedir el uso del teléfono por parte de alguien que no paga, la empresa puede limitar su servicio.
En contraste, las banquetas presentan rivalidad en el consumo pero son difíciles de excluir, ya que es complicado impedir que alguien use una acera.
Intervención Estatal
Esta clasificación orienta la justificación económica para la intervención del Estado en la provisión de bienes:
- Bien Público (Defensa Nacional): Su provisión es difícil de excluir y no genera rivalidad, por lo que el Estado debe asumir esta responsabilidad.
- Bienes No Puros: La justicia, la educación y la salud. No son puros porque la exclusión es difícil o hay algún grado de rivalidad en el consumo. Estos bienes a menudo involucran tanto proveedores públicos como privados.
- Bienes Rivales y Exclusibles (Hidrocarburos, Sistema Eléctrico): Generalmente proporcionados por empresas privadas en países donde el mercado es libre. Sin embargo, algunos gobiernos han optado por proveer estos servicios para razones de seguridad y soberanía.
La teoría económica ayuda a entender la justificación de las empresas públicas, que también dependen de su rentabilidad.
