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Juez señala “probabilidad razonable” de violación a orden sobre deportación de venezolanos por parte de Trump

“Probabilidad razonable” de que la administración Trump haya infringido una orden judicial que bloquea temporalmente la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas, declaró el juez de distrito estadounidense James Boasberg.

Durante una audiencia en Washington, Boasberg examinaba si el Gobierno violó su orden. Esta se impuso el 15 de marzo y prohibía las deportaciones durante dos semanas de personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Boasberg ahora investiga si el Gobierno de Trump incumplió esta orden al no cancelar dos vuelos de deportación que estaban en marcha cuando se emitió la prohibición. Los migrantes venezolanos a bordo fueron entregados a funcionarios en El Salvador, donde permanecen detenidos.

Este episodio ha generado preocupación entre los demócratas y algunos observadores legales por la posible falta de cumplimiento del Gobierno de Trump con las sentencias judiciales adversas.

El Gobierno afirma no haber infringido la orden de Boasberg. En una presentación judicial, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los migrantes ya habían sido deportados cuando el juez tomó su decisión, ya que los aviones habían abandonado el espacio aéreo estadounidense.

Además, sostienen que Boasberg no puede ordenar al Poder Ejecutivo que traiga de vuelta a los presuntos miembros del Tren de Aragua, calificados por el Gobierno de Trump como organización terrorista.

Los abogados de los migrantes venezolanos argumentan que la orden de Boasberg tenía como objetivo evitar la entrega a un gobierno extranjero, por lo que la administración Trump la infringiría.

Los abogados sostienen que no se les dio la oportunidad de impugnar la afirmación del gobierno sobre su pertenencia al Tren de Aragua antes de ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Boasberg prorrogó el viernes su orden restrictiva por otras dos semanas, mientras los abogados de los migrantes buscan una medida cautelar más duradera. El Gobierno de Trump ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden inicial de Boasberg.