A menudo me pregunto si el gobierno actual evalúa los costos económicos de sus decisiones, o si cree que el dinero se genera solo sin importar los pagadores de impuestos y servicios públicos.
Leído un artículo periodístico recientemente, descubrí una preocupación significativa relacionada con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“La disolución de la CRE ha dejado colgados al menos 775 juicios multimillonarios de empresas eléctricas e hidrocarburíferas que cuestionan sus resoluciones. Estos casos incluyen multas, clausuras, negativas de permisos y requerimientos de información para gasolineras y empresas de gas LP y natural, cancelaciones de permisos por supuesta falta de uso, como el almacenamiento de hidrocarburos, nuevos o modificados permisos de generación eléctrica (especialmente eólica y solar), y multas en ese sector. Entre los casos pendientes se encuentra un amparo presentado por Iberdrola en 2022 para impugnar una multa de 9 mil 145 millones de pesos; el caso de Stellantis (Chrysler, Fiat y Peugeot) contra una resolución de diciembre de 2024 que excluye sus plantas del permiso de autoabastecimiento eléctrico; y amparos promovidos por Cemda y otras organizaciones en contra de un acuerdo de mayo de 2023 sobre la clasificación de ‘limpia’ para la energía generada con gas natural. Además, Hidroeléctrica Cajón de Peña y otras generadoras privadas litigan contra un acuerdo de abril de 2024 que permite a las empresas abandonar el abasto privado para contratar con la CFE. Esentia Energy impugnó una resolución de marzo de 2024 que establece condiciones para el servicio en la red privada de ductos de gas natural más grande del país.”
Imaginar los costos económicos que podría traer la desaparición de instituciones como el INAI, el IFT y el Poder Judicial me causa gran preocupación.
En particular, la eliminación del Poder Judicial provocaría consecuencias inimaginables: juicios de pensiones de divorcios, fraudes, reparaciones por agresiones o desfalcos, rentas no pagadas y fraudes en ventas o administración de empresas. No es solo Trump el que está en peligro; también lo están los intereses económicos en San Juan.”
