Una nueva estructura burocrática está siendo puesta en marcha para garantizar el acceso a la información gubernamental y proteger los datos de los ciudadanos, aunque simultáneamente se extingue la pléyade de organismos autónomos que durante dos décadas cumplieron con estas funciones.
Consejos ciudadanos y nuevos organismos
En el proceso, tres consejos ciudadanos estarán involucrados para apoyar al nuevo andamiaje institucional. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tiene cinco integrantes, quienes, junto con el secretario ejecutivo, deben supervisar las deliberaciones del órgano de gobierno encabezado por la Secretaria Raquel Buenrostro. A pesar de ser labor honorífica, reciben sueldos mensuales de 85,000 pesos libres de impuestos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuenta con un consejo consultivo de 15 miembros. En su última sesión, en marzo pasado, no se logró el quórum legal necesario para su realización.
Paradojas y controversias
Un posible caso de éxito fue el extinto consejo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que siempre dio recomendaciones efectivas y actuó como contrapeso de los comisionados. Su actividad fue intensa en interponer amparos para el nombramiento de comisionados adicionales.
Antes de su extinción, el INAI tiene como última tarea garantizar que los trabajadores no seleccionados para las nuevas instancias reciban sus liquidaciones sin más demoras. Transparencia para el Pueblo comenzará en dos semanas con solo 40% del personal del INAI, y el pasivo laboral sigue pendiente.
Responsabilidades
El Subsecretario Alejandro Encinas está a cargo del proceso de liquidación. Los lineamientos para la finalización del INAI y el cierre contable deben ser ejecutados antes del 15 de abril.
Efectos secundarios
Machuchones: El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó preguntas sobre el origen de los recursos utilizados para la primera comunión de sus hijos. Este incidente, junto con otras fiestas de políticos, ha generado debate sobre el límite entre la vida privada y pública en el ámbito político.
