Un juez federal ha dictaminado que el gobierno del presidente Donald Trump cometió un “desacato deliberado” al ignorar su propia decisión de suspender las deportaciones de migrantes. Esta acción, que involucró a más de 200 personas, principalmente venezolanos acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua, podría resultar en un desacato penal.
Antecedentes: La Ley de Enemigos Extranjeros
La decisión del juez James Boasberg se basa en una orden previa que suspendía las deportaciones utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII. Originalmente, esta ley se utilizaba únicamente en tiempos de guerra, especialmente contra japoneses y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La aplicación de esta ley en el presente se considera una medida extrema y, por lo tanto, solo se había empleado en circunstancias excepcionales.
El Caso de Kilmar Ábrego García
El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue uno de los individuos deportados el 15 de marzo, a pesar de que una corte había revocado permanentemente su expulsión a El Salvador en 2019. Su caso se ha convertido en un símbolo del conflicto entre el gobierno de Trump y los tribunales, quienes cuestionan la autoridad del ejecutivo para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Acusaciones y el Tren de Aragua
El gobierno de Trump firmó un decreto que permitía el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra los miembros de la banda Tren de Aragua, declarada “terrorista” global por Washington. Se alega que Ábrego García formaba parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”. Sin embargo, no se han presentado pruebas que lo vinculen directamente con la banda.
El Conflicto con los Tribunales
Este caso representa una confrontación entre el gobierno de Trump y los tribunales. El presidente acusa a los jueces de “usurpar” las prerrogativas del poder ejecutivo y de obstaculizar sus planes, que incluyen la detención y deportación de migrantes. El gobierno sostiene que está combatiendo una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero”. El presidente ha recibido el respaldo incondicional del presidente salvadoreño Nayib Bukele en esta estrategia.
La Megacárcel Cecot y el Apoyo Salvadoreño
En respuesta a la situación, el gobierno salvadoreño ha puesto a disposición la megacárcel de alta seguridad Cecot para recluir a los migrantes deportados. A cambio, Washington ha otorgado al gobierno salvadoreño seis millones de dólares. Esta cooperación refleja una alianza estratégica para facilitar la política migratoria del gobierno estadounidense.
La Corte Suprema y el Fin de la Suspensión
En abril, la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, pero estableció que los individuos deportados deben poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados, y no en Washington. Esta decisión refleja una preocupación por proteger los derechos legales de los migrantes.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué se utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros? Se usó originalmente en tiempos de guerra y, en el presente, se considera una medida extrema.
- ¿Qué es la banda Tren de Aragua? Es una organización declarada “terrorista” global por Washington.
- ¿Qué se le imputa a Kilmar Ábrego García? Se le acusa de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”.
- ¿Por qué el gobierno salvadoreño colabora? A cambio de seis millones de dólares por parte del gobierno estadounidense.
- ¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema? Levantó la prohibición de expulsar migrantes, pero estableció que deben impugnar su expulsión en los tribunales del estado.