Las campañas de los candidatos a juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) transcurren con dificultad y obstáculos -“es una ensalada este asunto”-, lo que obliga a legislar en la materia, sobre todo en el tema del financiamiento, para perfeccionar la ley y que las siguientes elecciones judiciales salga mejor, opinó Eduardo Huchim May.
“Habría necesidad de legislar y de alguna manera pensar en cómo financiar por lo menos parcialmente las campañas. Quizá tomándolo de los recursos que se destinen a los partidos políticos, por ejemplo, porque hay partidos, no todos pero sí los hay, que están claramente sobrados de dinero.”
“Algo tendrá que hacerse para que no se obligue, no se desincentive a la participación porque son los candidatos los que tienen que financiar todo, sobre todo en las campañas que tienen que ser de proyección nacional porque se vota en todo el país por ellos, como los ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por poner un ejemplo.”
“Habría que ir perfeccionando no solamente eso, sino también las limitaciones y por supuesto también poner diques a los excesos que parece estarse cometiendo, precisamente porque no hay una legislación suficiente para darle cauce a estas campañas’’.
El especialista, Eduardo Huchim May, originario de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal, comentó que en las campañas de la elección judicial en curso “se está viendo lo que se preveía en cuanto a la dificultad para realizarlas para lograr el objetivo de las campañas, que es dar a conocer a las personas candidatas”.
“Eso, por la restricción que existe para usar, digamos, ciertos elementos que son comunes en otras campañas políticas porque no hay un respaldo financiero, de financiamiento público, de tal suerte que el candidato tiene que arriesgarse a gastar una buena parte de su patrimonio ante un destino incierto”.
La no presencia de los partidos políticos en las campañas judiciales, decisión que juzgó correcta, “también es problema para los participantes porque no tienen no solamente el financiamiento, sino la estructura partidista para poder darse a conocer. Esos son los obstáculos que yo veo para la realización de las campañas”.
Además, al no haber precedentes sobre cómo deben realizarse las campañas judiciales, dijo, es fácil que se incurra en infracciones a la normatividad; “sí ha habido un esfuerzo del INE por darla a conocer, pero tengo la impresión de que no ha sido suficiente, ni suficientemente clara, entre otras cosas por los tiempos”.
Clara ventaja
“No hay oportunidad suficiente para que la información permee. Y, desde luego, quienes tienen una ventaja ya de salida son las (tres) ministras y los magistrados que se están presentando o bien las figuras públicas que lo fueron en el pasado, ya sea porque estuvieron en el Poder Judicial o en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía; ellos tienen una clara ventaja sobre los demás”.
Desde su perspectiva, la elección judicial “está siendo insuficientemente vigilada, entre otras cosas por falta de recursos del INE’’ para hacerlo, y “parece que hay magistrados, jueces, funcionarios del Poder Judicial y otras áreas no exclusivamente la judicial, que están usando algo que no puede ser permitido: los recursos humanos de su entorno. Muchas veces el personal que tienen bajo su mando para les hagan las campañas”.
- Falta de financiamiento: Se requiere una fuente de financiamiento para las campañas.
- Falta de estructura partidista: Los candidatos carecen del respaldo de los partidos políticos.
- Falta de precedentes: No hay reglas claras sobre cómo deben llevarse a cabo las campañas.
- Desigualdad: Las figuras con mayor visibilidad tienen una ventaja significativa.
El especialista, Eduardo Huchim May, enfatizó que la situación actual de las campañas judiciales es compleja y requiere una solución urgente. La falta de financiamiento, la ausencia de una estructura partidista y la carencia de precedentes legales dificultan la participación equitativa de los candidatos. Además, se observa una clara desigualdad entre aquellos que ya cuentan con mayor visibilidad y los demás participantes. La situación se ve agravada por la falta de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) para una vigilancia adecuada.
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