La Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Telecomunicaciones (Canieti) advierte sobre los riesgos de que el gobierno mexicano se convierta en operador directo en el sector.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que representa a empresas líderes como AT&T, Cisco, Huawei y muchas otras compañías tecnológicas en México, ha emitido una fuerte advertencia: el gobierno mexicano no debe permitir que se convierta en un operador directo en el mercado de telecomunicaciones, compitiendo directamente con las empresas privadas.
Esta preocupación se basa en que la participación del Estado en este sector debe limitarse a esquemas sin fines de lucro, enfocados en garantizar el acceso a los servicios donde el mercado no lo ha logrado por sí solo. La Canieti argumenta que permitir que el gobierno compita directamente en el mercado minorista sería contrario a los acuerdos internacionales y de protección de inversiones, además de distorsionar la competencia.
La discusión actual gira en torno a una nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que actualmente se está analizando en el Senado. La Canieti ha insistido en que la ley final debe incorporar las sugerencias y propuestas realizadas por el sector privado a través de conversatorios, buscando un equilibrio entre la necesidad de asegurar la conectividad y evitar que el gobierno se convierta en un competidor directo.
Actualmente, la ley vigente establece que las concesiones comerciales con fines de lucro en manos del Estado deben ser redes compartidas mayoristas, destinadas a comercializar capacidad a otras redes y no proveer servicios directamente a los usuarios finales. El objetivo es fomentar la conectividad, pero la Canieti sostiene que permitir una explotación comercial pública generaría problemas significativos.
La organización ha identificado cinco puntos clave donde la competencia del gobierno sería perjudicial:
- Trastocaría el régimen de competencia: El gobierno tendría condiciones preferenciales como entidad gubernamental, lo que dificultaría la competencia de las empresas privadas.
- Ventajas en el pago de derechos: El gobierno pagaría 10 veces menos que las empresas privadas por el uso del espectro radioeléctrico (700 MHz), lo que generaría una ventaja injusta.
- Modifica la naturaleza de la red compartida: La participación del gobierno como operador directo alteraría el modelo actual de redes compartidas.
- Violación de tratados de inversión: La iniciativa va en contra de los acuerdos de protección de inversiones celebrados con más de 30 países, incluyendo el T-MEC y el TPP.
- Desvirtúa el rol del Estado: El gobierno debería enfocarse en asegurar la conectividad, no en competir directamente por el mercado.
La Canieti destaca que la penetración de servicios de telecomunicaciones en las zonas urbanas ya es alta, con tarifas competitivas frente a otros países. Si se permitiera la explotación comercial pública, las empresas privadas tendrían que realizar mayores inversiones sin obtener los correspondientes retornos y en un ambiente de distorsión de la competencia.
Además, la posibilidad de que se repitiera este modelo en otras industrias generaría incertidumbre y desalentaría la inversión privada.
Esta advertencia llega en un contexto donde el gobierno mexicano ha estado avanzando de un modelo de mercados competitivos a uno donde busca ser operador, regulador y autoridad al mismo tiempo. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su intención de ofrecer servicios de telecomunicaciones a toda la población, buscando una empresa estatal rentable.
Si bien se busca asegurar el acceso a los servicios de internet y telefonía para toda la población, la Canieti insiste en que este objetivo debe lograrse sin socavar la competencia y la inversión privada, elementos fundamentales para el desarrollo de la industria.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué la Canieti se opone a que el gobierno sea operador directo? Porque argumenta que esto distorsionaría la competencia, violaría tratados de inversión y desalentaría la inversión privada.
- ¿Qué tipo de participación del Estado en el sector es aceptable para la Canieti? La organización aboga por un rol limitado, enfocado en asegurar el acceso donde el mercado no lo ha logrado y en comercializar capacidad a otras redes.
- ¿Cuál es el argumento principal de la Presidenta Sheinbaum sobre los servicios de telecomunicaciones? Ofrecer estos servicios a toda la población, buscando una empresa estatal rentable.
- ¿Qué tipo de red debería tener el Estado? Redes compartidas mayoristas.
