Las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC han lanzado una fuerte denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente sobre el presunto uso ilegal del software espía Pegasus en México. Esta denuncia se produce tras revelaciones que vinculan a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo al Ejército mexicano, con el uso de esta herramienta de vigilancia.
El Escándalo de Pegasus y la Corrupción
Las organizaciones han condenado lo que consideran actos de corrupción y posible lavado de dinero, revelados por el diario israelí The Marker. Según esta publicación, los empresarios Avishai Neria y Uri Ansbacher actuaron como intermediarios entre el gobierno mexicano y empresas israelíes, recibiendo 25 millones de dólares por contratos gubernamentales durante el sexenio de Peña Nieto. Esta información se suma a una creciente evidencia que sugiere un sistema complejo de sobornos y tráfico de influencias.
El Caso de Carmen Aristegui y el Entramado de Corrupción
La investigación sobre Pegasus se intensificó tras el único juicio penal que se siguió a raíz de la vigilancia con este software dirigida a la periodista Carmen Aristegui. En este juicio, se reveló un entramado de corrupción y complicidad entre Ansbacher, dueño del conglomerado de compañías KBH, que comercializó Pegasus en México, y el gobierno de Peña Nieto. La periodista Aristegui fue objeto de una intensa campaña de vigilancia que buscaba silenciar su trabajo periodístico y amenazar su seguridad. Este caso ejemplifica la gravedad de las implicaciones que puede tener el uso de tecnologías de vigilancia para socavar la libertad de prensa y la investigación periodística.
El Uso Continuo de Pegasus Después del Cambio de Gobierno
La denuncia no se limita al sexenio de Peña Nieto. Según R3D y otras investigaciones, el Ejército mexicano adquirió Pegasus en 2019, a través de la empresa Comercializadora Antsua, que está vinculada a la misma red de intermediarios que operaron durante el gobierno anterior. Esta revelación demuestra que el uso de tecnologías de vigilancia no cesó con el cambio de gobierno, sino que continuó bajo la administración López Obrador.
Datos Alarmantes: 456 Infecciones en Mayo de 2019
En mayo de 2019, se registraron al menos 456 infecciones con Pegasus en México, según la documentación presentada en el juicio de Meta vs. NSO Group en Estados Unidos. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud del problema y la sofisticación con la que se está llevando a cabo esta vigilancia. El software Pegasus, conocido por su capacidad para infectar dispositivos móviles mediante mensajes de texto (SMS), permite rastrear comunicaciones, acceder a datos y espiar las actividades de los usuarios.
Demandas Urgentes a la FGR y al Ejecutivo Federal
Ante esta evidencia, las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC han presentado una serie de demandas a la FGR y al Ejecutivo federal:
- Investigar a fondo los sobornos y el uso ilegal de Pegasus durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador.
- Sancionar a todos los responsables, incluyendo a los exfuncionarios de alto nivel mencionados.
- Transparentar el uso de recursos públicos para tecnologías de vigilancia, revelando cómo se han utilizado estos fondos y a qué fines.
- Establecer garantías de no repetición y mecanismos efectivos de rendición de cuentas para evitar que se repitan estos hechos en el futuro.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué es Pegasus? Es un software espía de última generación, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite rastrear comunicaciones y acceder a datos de dispositivos móviles.
- ¿Por qué se está investigando? Debido a las denuncias de uso ilegal del software para espiar periodistas, activistas y otros individuos con presunta oposición al gobierno.
- ¿Quiénes están siendo investigados? Exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, incluyendo a Manuel Mondragón (excomisionado Nacional de Seguridad), y empresas intermediarias que facilitaron la adquisición y el uso del software.
- ¿Qué se exige a las autoridades? Una investigación exhaustiva, transparencia en el uso de recursos públicos para tecnologías de vigilancia y mecanismos para evitar la repetición de estos hechos.
