El Salvador está argumentando que Estados Unidos tiene la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre los migrantes que han sido expulsados a una cárcel en El Salvador. Esta situación ha generado controversia y denuncias de organizaciones de derechos civiles, quienes consideran que las expulsiones masivas son ilegales y violan el derecho al debido proceso.
Antecedentes de la Situación
La disputa surge a raíz de que, el 15 de marzo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó la expulsión a una cárcel en El Salvador de 238 migrantes venezolanos y 23 salvadoreños. Estos individuos fueron acusados de ser pandilleros.
Argumentos de El Salvador
Las autoridades salvadoreñas han presentado un documento a un grupo de la ONU, donde declaran que no arrestaron ni detuvieron a los migrantes. En cambio, afirman que simplemente “facilitaron el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña” para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema judicial y la aplicación de la ley de Estados Unidos. El documento enfatiza que la jurisdicción y la responsabilidad legal recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, negando que El Salvador sea responsable del “incumplimiento del principio de no devolución” – es decir, la práctica de no devolver a los migrantes a su país de origen.
Reacción y Denuncias
Esta postura de El Salvador ha provocado una fuerte reacción. Abogados y organizaciones de defensa de derechos civiles han denunciado las expulsiones masivas como ilegales, argumentando que violan el derecho al debido proceso. Un caso emblemático es el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue expulsado a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos bajo una orden de arresto por presunto tráfico de personas, un delito que él niega. Sus abogados han denunciado que fue torturado en prisión durante su estancia en El Salvador.
La Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Donald Trump utilizó la Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII para justificar las expulsiones. Esta ley, originalmente diseñada para combatir amenazas internas, se ha empleado en casos de inmigración, lo que ha generado críticas sobre su uso y las posibles implicaciones para los derechos humanos.
El Acuerdo con El Salvador
Estados Unidos firmó un acuerdo con El Salvador para facilitar este sistema de expulsiones. Sin embargo, la Casa Blanca fue criticada por negarse a traer de vuelta a Kilmar Abrego García, a pesar de reconocer que había sido expulsado por error. La Corte Suprema estadounidense instó al gobierno a respetar el debido proceso, argumentando que los migrantes tienen derecho a impugnar las expulsiones.
El Financiamiento de Bukele
Se reveló que el gobierno de El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, se ha prestado a encarcelar a migrantes expulsados a cambio de seis millones de dólares por parte de Estados Unidos. Esta práctica ha sido criticada como un intercambio de derechos humanos por dinero, y se cuestiona si realmente beneficia a los migrantes o simplemente perpetúa un sistema de detención masiva.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es la principal controversia? El argumento de El Salvador de que tiene jurisdicción sobre los migrantes expulsados a su país.
- ¿Qué ley se utilizó para justificar las expulsiones? La Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII.
- ¿Qué ha ocurrido con Kilmar Abrego García? Fue expulsado a El Salvador y luego devuelto a Estados Unidos bajo una orden de arresto por presunto tráfico de personas, que él niega.
- ¿Por qué se ha firmado un acuerdo con El Salvador? Para facilitar la detención y expulsión de migrantes.
- ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Ha instado al gobierno a respetar el debido proceso de los migrantes.