La organización civil Poder Ciudadano ha celebrado la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite un juicio de inconformidad electoral. Este caso se refiere a la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y representa un hito al abrir la posibilidad de un escrutinio constitucional sobre un proceso judicial que hasta ahora no había sido revisado. La organización, liderada por Gabriela Sterling, ha presentado una demanda que cuestiona la validez de las elecciones y busca garantizar el cumplimiento de los principios de imparcialidad e independencia judicial.
El Contexto del Caso
Este juicio es particularmente relevante porque se produce en un momento de creciente preocupación sobre la transparencia y la legitimidad del sistema electoral judicial. Poder Ciudadano argumenta que las elecciones en las que se eligieron estos magistrados fueron “viciadas de origen y manipuladas desde estructuras partidistas”, lo que, según la organización, contradice los principios fundamentales de un sistema judicial justo y equitativo. La demanda presentada por Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, no solo busca la anulación de las elecciones sino también la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía.
El Juicio y su Procedencia
La SCJN, a través de la ministra presidenta Norma Piña, ha dado entrada al juicio y lo ha turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Esto significa que este último elaborará un proyecto de resolución con su análisis y conclusiones, el cual será sometido al resto de los magistrados para su deliberación y posterior votación. El plazo para resolver este recurso, que se vence el 28 de agosto, está sujeto a los tiempos establecidos por la legislación vigente. La organización espera que la SCJN pueda resolver el caso de manera imparcial y justa, protegiendo los derechos políticos de la ciudadanía.
Demandas Específicas y Desafíos Legales
La demanda presentada por Poder Ciudadano va más allá de la simple anulación de las elecciones. Además de cuestionar la sumatoria nacional de los resultados y la validez de los comicios, la organización busca una revisión exhaustiva del proceso electoral. Sin embargo, el caso enfrenta un desafío legal importante: la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que únicamente los candidatos participantes en la elección son quienes pueden presentar este tipo de recursos. Esto plantea una interrogante sobre si Poder Ciudadano, como organización civil, tiene la facultad legal para presentar este juicio.
Otros Recursos Pendientes en el Sistema Electoral
Este caso no es un incidente aislado dentro del sistema electoral judicial. Existe otro recurso pendiente, promovido por Iván Bravo Olivas, quien también participó como candidato y presentó su inconformidad por los resultados del cómputo distrital del Instituto Nacional Electoral. Este primer juicio (1/2025) ya fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, lo que demuestra la carga de recursos y litigios que enfrenta el sistema.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué es relevante este caso? Porque abre la posibilidad de un escrutinio constitucional sobre un proceso electoral que hasta ahora no había sido revisado, lo que podría tener implicaciones importantes para la legitimidad del sistema electoral judicial.
- ¿Qué argumenta Poder Ciudadano? Que las elecciones en las que se eligieron los magistrados fueron “viciadas de origen y manipuladas”, lo que contradice los principios de imparcialidad e independencia judicial.
- ¿Cuál es el plazo para resolver este recurso? El 28 de agosto, según la legislación vigente.
- ¿Existe un desafío legal para este recurso? Sí, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral limita a los candidatos participantes a presentar estos recursos.
- ¿Existen otros recursos pendientes? Sí, un recurso promovido por Iván Bravo Olivas.
