La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una fuerte recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad de Nuevo León (SS), tras descubrir que esta dependencia se ha negado a cumplir con una recomendación previa relacionada con abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra mujeres manifestantes durante una protesta feminista el 8 de marzo de 2023 en Monterrey.
Antecedentes: La Protesta del 8 de Marzo
El 8 de marzo, las calles de Monterrey se vieron inundadas por una marcha feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta protesta, como muchas otras que se han llevado a cabo en México y el mundo, buscaba visibilizar la violencia de género, exigir justicia para las víctimas y promover cambios sociales en materia de igualdad y derechos. Sin embargo, la protesta no transcurrió sin incidentes.
Denuncias de Abusos por parte de la Policía Estatal
La CNDH ha documentado una serie de abusos cometidos por la Fuerza Civil de Nuevo León contra las participantes de la marcha. Estos abusos incluyen: detenciones arbitrarias, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, violencia verbal y física contra mujeres manifestantes, así como tratos crueles y degradantes. La CNDH ha recopilado testimonios de mujeres que sufrieron estos abusos, revelando un patrón preocupante de represión hacia quienes se manifiestan pacíficamente por sus derechos.
Negativa a Cumplir la Recomendación
La Secretaría de Seguridad de Nuevo León (SS) se ha negado a cumplir con la Recomendación 4/2023 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL). La dependencia estatal argumentó que los protocolos de actuación utilizados eran “legales y proporcionales”, lo que la CNDH considera una forma de revictimización y un desacato a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Esta negativa ha llevado a la CNDH a tomar cartas en el asunto y exigir una solución efectiva.
La Respuesta de la CNDH: Exigencias y Sanciones
Ante esta negativa, la CNDH ha emitido una nueva recomendación que exige al gobierno estatal de Nuevo León tomar medidas concretas para reparar los daños causados y prevenir futuros abusos. Entre las exigencias se incluyen: ofrecer una disculpa pública formal a las mujeres afectadas, garantizar la atención médica (incluyendo apoyo psicológico), jurídica y social necesaria para las víctimas, así como sancionar a los mandos y policías de Fuerza Civil responsables de los actos de violencia. La CNDH considera que la responsabilidad por estos abusos recae directamente en la Secretaría de Seguridad estatal y en la cadena de mando de Fuerza Civil, quienes operaron con un patrón de represión hacia las manifestantes.
El Impacto y la Importancia del Caso
Este caso es de suma importancia porque expone una realidad preocupante en Nuevo León, donde las mujeres que se manifiestan pacíficamente por sus derechos son objeto de violencia y abuso por parte de las fuerzas de seguridad. La negativa a cumplir con las recomendaciones de derechos humanos pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales y perpetúa un ciclo de impunidad. La CNDH, como organismo independiente encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en todo México, ha asumido un rol fundamental para garantizar que se haga justicia y se prevengan futuros abusos.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué tipo de abusos se documentaron? Las mujeres manifestantes sufrieron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia verbal y física, así como tratos crueles y degradantes.
- ¿Por qué se niega la Secretaría de Seguridad a cumplir con la recomendación? La dependencia estatal argumenta que sus protocolos son “legales y proporcionales”.
- ¿Qué exige la CNDH? Exige una disculpa pública, atención médica y psicológica para las víctimas, y sanciones a los responsables de los abusos.
- ¿Quiénes son responsables? La Secretaría de Seguridad estatal y la cadena de mando de Fuerza Civil.
