El Congreso busca una Ley General contra el Delito
La Cámara de Diputados, con 474 votos de todas las bancadas, ha aprobado y enviado al Senado de la República una reforma propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta iniciativa busca dotar al Congreso de las facultades constitucionales necesarias para expedir una ley general en materia de extorsión. La reforma, prioritaria para el gobierno de Sheinbaum Pardo, busca un enfoque integral y coordinado para combatir este delito que afecta gravemente a la sociedad mexicana.
¿Qué implica esta reforma?
La propuesta busca homogeneizar el tipo penal y las penas relacionadas con la extorsión, considerando este delito como de alto impacto debido a sus graves repercusiones en las víctimas y el Estado. Se busca una legislación general que aborde no solo los aspectos patrimoniales de la extorsión, sino también las formas más complejas y arraigadas del delito.
El Contexto de la Extorsión en México
La extorsión es un problema de seguridad pública y económico significativo en México. Los datos revelan un preocupante aumento en la incidencia del delito, con un promedio diario de 19 extorsiones en 2018 que se elevó a 29 en enero de 2025, representando un incremento del 58% en tan solo seis años. Las modalidades más comunes incluyen las estafas telefónicas y el cobro de piso, así como la extorsión presencial, que afecta a una amplia gama de sectores económicos, desde pequeños comercios hasta grandes empresas y actividades productivas como la ganadería y la agricultura.
Precedentes Legislativos para Combatir Delitos de Alto Impacto
El diputado César Alejandro Domínguez (PRI) recordó que no es la primera vez que se recurre a leyes generales para abordar delitos de alto impacto en México. Se han creado leyes generales para combatir la desaparición forzada (2017), la trata de personas (2012), la tortura (2017) y para la atención a víctimas (2013). Estos ejemplos demuestran que el Congreso ha respondido en el pasado a la necesidad de crear herramientas legales específicas para enfrentar problemas complejos y persistentes.
Disparidades en las Penas y Concentración Regional
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) alertó sobre las significativas disparidades en las penas aplicadas por la extorsión a lo largo del país. En algunos estados, como Oaxaca, las penas pueden ser tan bajas como tres años, mientras que en otros estados, como Chihuahua, las penas pueden alcanzar los treinta años. Además, la diputada destacó que el 71% de los casos de extorsión se concentran en los estados de Veracruz, el Estado de México y Nuevo León, lo que sugiere una necesidad de atención específica en estas regiones.
El Marco Legal Propuesto
La reforma busca establecer un marco legal que permita investigar y perseguir la extorsión de manera efectiva, incluso cuando no se trata de un delito patrimonial directo. Se busca que el Congreso pueda expedir una ley general en materia de extorsión, abordando las modalidades más complejas del delito y garantizando la protección de las víctimas y testigos. La ley general deberá contemplar los plazos para su expedición, estableciendo mecanismos de prevención, investigación y atención a las víctimas. Se espera que la ley general contribuya a reducir significativamente la incidencia del delito y mejorar la seguridad pública en México.
El Delito de Extorsión: Un Problema Complejo
La extorsión, en sus múltiples formas, representa una amenaza para la estabilidad social y el desarrollo económico de México. No se limita a los actos más evidentes de robo o chantaje, sino que abarca desde las estafas telefónicas hasta el cobro de “piso” en actividades económicas, pasando por la presión y amenaza para obtener beneficios económicos. La creación de una ley general en materia de extorsión es, por lo tanto, un paso lógico y urgente para enfrentar este problema de manera integral.
El Marco Legal Actual
Actualmente, las leyes penales federales y estatales contemplan la extorsión como delito, pero a menudo existen diferencias en las penas aplicadas y una falta de coordinación entre las instituciones encargadas de investigar y perseguir este delito. La ley general propuesta busca unificar estos elementos, garantizando una mayor eficiencia en la lucha contra la extorsión.
El Delito de Extorsión: Un Problema que Afecta a Todos
La extorsión no solo afecta directamente a las víctimas y a los negocios que son objeto de la presión, sino también a la economía en general. La inseguridad y la falta de confianza en el sistema económico pueden frenar la inversión, el crecimiento y la creación de empleos. Por lo tanto, es fundamental abordar este problema con una estrategia integral que combine la prevención, la investigación y la protección de las víctimas.
El Marco Legal Propuesto: Un Enfoque Integral
La ley general propuesta busca un enfoque integral que combine la prevención, la investigación y la protección de las víctimas. Además de establecer penas adecuadas para los responsables, la ley debe incluir mecanismos para proteger a las víctimas y testigos, así como programas de rehabilitación para los delincuentes. La creación de una ley general en materia de extorsión es un paso fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los mexicanos.
