El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (SCJN) tomó una decisión que ha generado controversia: rechazó emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre un artículo que regulaba la asignación de recursos para la reparación integral a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.
Esta decisión, tomada por votación desfavorable (5-4), implica que las víctimas de estos delitos y violaciones no tendrán la misma garantía presupuestal para recibir la ayuda, asistencia y reparación que les corresponde. La noticia ha sido recibida con preocupación por organizaciones de derechos humanos, quienes ven en esta decisión un retroceso significativo en la protección de los derechos de las víctimas.
¿Qué se trata?
El artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas establecía un mínimo presupuestal para garantizar que los recursos económicos destinados a la atención de las víctimas fueran efectivamente utilizados para cubrir los daños sufridos, ya sea por delitos o violaciones graves a sus derechos humanos. Esta ley fue reformada en 2020, pero la discusión sobre su constitucionalidad ha persistido. La demanda original partía de la Primera Sala de la SCJN, que había determinado que la reforma era inconstitucional. La razón principal era que el Congreso de la Unión, al disminuir esta garantía presupuestal, había actuado de manera regresiva y contrario al principio de progresividad de los derechos humanos.
Argumentos a favor y en contra
Los ministros que votaron a favor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, incluyendo a Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, argumentaron que la eliminación del presupuesto asignado para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral era una medida regresiva que violaba el principio de progresividad de los derechos humanos. Consideraron que la eliminación de esta garantía presupuestal no estaba justificada y carecía de una base sólida.
Por otro lado, los ministros que se opusieron a la declaratoria general de inconstitucionalidad, liderados por Lenia Batres Guadarrama, argumentaron que la Corte estaba reabriendo un debate que ya había sido abordado por la Primera Sala. Señalaron que la discusión se centró en temas tangenciales, como la operatividad del mecanismo financiero (la eliminación de un fideicomiso) en lugar de abordar el principio fundamental de la progresividad de los derechos humanos.
Preocupación por la “Cosa Juzgada”
Las organizaciones civiles Centro Pro de Derechos Humanos (Centro Prodh) y Centro de Análisis e Investigación (Fundar) han expresado su profunda preocupación por la decisión de la SCJN. Consideran que al reabrir el debate sobre la constitucionalidad de la reforma, la Corte está debilitando la seguridad jurídica y contraviniendo el principio de “cosa juzgada”. Estas organizaciones enfatizan que, en un país con una persistente crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos, es fundamental que los órganos judiciales se mantengan enfocados en proteger y garantizar los derechos de las víctimas, en lugar de reabrir discusiones que ya han sido resueltas.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué se rechazó la declaratoria general de inconstitucionalidad? Se rechazó porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia reabrió un debate que ya había sido abordado por la Primera Sala, centrándose en temas tangenciales en lugar de el principio fundamental de progresividad de los derechos humanos.
- ¿Cuál era la garantía presupuestal que se eliminó? Se eliminó un mínimo presupuestal destinado a garantizar que los recursos económicos destinados a la atención de las víctimas fueran efectivamente utilizados para cubrir los daños sufridos.
- ¿Qué argumentaron las organizaciones de derechos humanos? Argumentaron que la decisión debilitaba la seguridad jurídica y contraviene el principio de “cosa juzgada”, al reabrir discusiones que ya habían sido resueltas.
- ¿Por qué es importante esta garantía presupuestal? Es fundamental para asegurar que las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos reciban la ayuda, asistencia y reparación integral a la que tienen derecho.
- ¿Qué tipo de argumentos se presentaron en contra de la decisión? Se argumentó que la eliminación del presupuesto era una medida regresiva y carecía de justificación.
