El Contexto Económico Actual
Al cierre del año, los resultados económicos de México no son alentadores. Un crecimiento del 0.3% se considera un año estancado, lo que ha generado preocupación en el gobierno de la Presidenta Ejecutiva Claudia Sheinbaum. Tras meses de estancamiento económico y un colapso en la inversión, el Palacio Nacional ha buscado activamente revertir esta situación, implementando medidas para promover la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, las acciones del gobierno parecen estar enfrentando una realidad compleja, donde la confianza de los inversionistas se ve mermada.
Las Políticas que Generan Incertidumbre
La situación actual no es producto de la mala suerte o de factores externos como el auge del proteccionismo estadounidense (Trump). El problema radica en las políticas implementadas durante el sexenio anterior y que, lamentablemente, se han mantenido en el gobierno actual. Estas políticas, combinadas con otros factores, están creando un entorno hostil que inhibe la inversión tanto nacional como extranjera. El problema se manifiesta en tres componentes principales:
- El SAT (Servicio de Administración Tributaria): El SAT, encargado de recaudar impuestos, ha implementado estrategias que han sido criticadas por generar un “terrorismo fiscal”. Esto incluye el uso de la justicia penal para presionar a las empresas, la falta de devoluciones de IVA a exportadores y auditorías arbitrarias que resultan en deudas millonarias para las empresas. Se han documentado numerosos casos de deudas que surgen repentinamente y sin una justificación clara, afectando gravemente a la iniciativa privada.
- Reforma al Código Fiscal de la Federación: Esta reforma obliga a las empresas a garantizar el interés fiscal (el beneficio que el gobierno espera obtener de un crédito) al momento de que el SAT determina un crédito fiscal. Para poder impugnar este crédito, las empresas deben poner una garantía en el Banco del Bienestar, lo que implica congelar parte de su liquidez mientras se resuelve la disputa legal.
- Reforma Judicial: Este es, quizás, el componente más crítico del problema. Se había advertido ampliamente que la reforma judicial sería nociva para la inversión, y lamentablemente, esta predicción se ha cumplido. Actualmente, existe una falta de certeza jurídica sobre cómo y bajo qué criterios resolverá el Poder Judicial los problemas relacionados con la fiscalidad, incluyendo las disputas con el SAT. La falta de transparencia y criterios claros en la resolución de estos conflictos genera desconfianza entre los inversionistas.
El Impacto en la Inversión
Consideremos un escenario: una empresa recibe un crédito fiscal impuesto por el SAT, que resulta ser injustificado o mal argumentado. La empresa debe poner esa cantidad en garantía en el Banco del Bienestar, mientras se resuelve la disputa legal. En este contexto, no existen comités de trabajo o mesas de diálogo que puedan detonar la inversión. En cambio, existe un entramado institucional y regulatorio que envía un mensaje claro a los inversionistas: “aquí no son bienvenidos”. La falta de certeza jurídica y la incertidumbre sobre el proceso legal dificultan enormemente la toma de decisiones de inversión.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué se está frenando la inversión en México? Debido a una combinación de políticas fiscales (del SAT y la reforma al Código Fiscal), junto con la incertidumbre generada por la reforma judicial, que ha erosionado la certeza jurídica.
- ¿Qué es el “terrorismo fiscal”? Se refiere a las estrategias del SAT que utilizan la justicia penal para presionar a las empresas y obligarlas a pagar impuestos, incluso si existen dudas sobre la validez de los créditos fiscales.
- ¿Qué significa que una empresa tenga que poner una garantía en el Banco del Bienestar? Significa que la empresa debe congelar parte de su liquidez (dinero) mientras se resuelve una disputa legal con el SAT, lo que dificulta su capacidad para invertir o hacer otras operaciones comerciales.
- ¿Por qué se considera que la reforma judicial es un problema? Porque ha generado una falta de certeza jurídica sobre cómo y bajo qué criterios resolverá el Poder Judicial los problemas relacionados con la fiscalidad, lo que dificulta la toma de decisiones de inversión.
