La Captura de Maduro y sus Implicaciones
El año 2026 se presenta como un punto de inflexión crucial para Venezuela. La reciente captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un antes y un después en la historia contemporánea del país. Esta acción, basada en cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración para poseer dispositivos destructivos –y que se fundamenta en una orden judicial del Southern District of New York (SDNY) desde 2020–, representa un cambio de paradigma en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. La acusación se basa en un entramado de corrupción que, durante más de dos décadas, vinculó a altos funcionarios venezolanos con organizaciones criminales transnacionales como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles como Sinaloa y Los Zetas.
La captura no es el resultado de una acción aislada, sino la culminación de un proceso judicial que ya había delineado la responsabilidad penal de Maduro y su círculo más cercano. La narrativa opositora, liderada por figuras como María Corina Machado y Corina Yoris (inhabilitadas por maniobras del Consejo Nacional Electoral), celebra este hecho como una oportunidad inédita para la transición política. Se argumenta que Maduro cometió un fraude que revirtió el resultado del proceso electoral del 28 de julio de 2024, en el cual resultó electo Edmundo González con el apoyo de Machado y Yoris.
Intervención Ilegal o Responsabilidad Internacional
La operación militar estadounidense plantea interrogantes fundamentales en el derecho internacional. Desde la perspectiva del régimen venezolano, el ataque a sus instalaciones militares constituye un acto de guerra y una violación de la soberanía nacional. Desde la perspectiva de Washington, se trató de la ejecución de una orden judicial vinculada a delitos transnacionales y el uso de la fuerza fue presentado como una acción legítima para proteger a los funcionarios federales. Sin embargo, las declaraciones inmediatas de Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio sugieren un objetivo político más amplio.
El principio de no intervención, consagrado en la Carta de la ONU, se contrapone a la responsabilidad por narcoterrorismo. Estados Unidos justifica la operación bajo la necesidad de combatir amenazas directas a su seguridad nacional. Instrumentos como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes refuerzan la idea de que los Estados tienen deberes de cooperación en la persecución de delitos transnacionales. Esa cooperación se vuelve imposible cuando uno de los Estados es considerado “forajido”.
¿Quién Gobernará Venezuela?
La complejidad del escenario es máxima. Por un lado, el alegato sustantivo es que Nicolás Maduro cometió un fraude que revirtió el resultado del proceso electoral del 28 de julio de 2024, en el cual resultó electo Edmundo González con el apoyo de María Corina Machado y Corina Yoris. Esto implicaría la ilegitimidad de origen del Gobierno de Maduro. Por otro lado, al juramentarse Maduro el 10 de enero de 2025, su captura genera una situación inédita que tratará de ser subsumida en el artículo 233 de la Constitución venezolana. La norma establece que la falta absoluta del presidente debe ser suplida por el vicepresidente ejecutivo –en este caso, Delcy Rodríguez–, lo que implicaría la continuidad política del régimen.
En paralelo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denuncia una agresión contra la soberanía nacional, aunque sin la compañía del alto mando militar como suele ser su costumbre. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, apareció acompañado de cuerpos paramilitares, lo que constituye el mayor riesgo de violencia interna.
El Impacto Regional
La connotación internacional del ataque contra instalaciones militares venezolanas y la captura de Maduro es indudable. En su rueda de prensa, Trump afirmó que Estados Unidos “gobernará Venezuela hasta que pueda llevarse a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, y advirtió que una segunda oleada de ataques “mucho mayor” está lista, por si fuese necesaria. Además, señaló que la transición será liderada por un equipo integrado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana.
Las declaraciones se extendieron hacia Colombia y Cuba. Trump advirtió que el presidente Gustavo Petro debía “cuidarse el trasero”, acusándolo de producir la cocaína que llega a Estados Unidos. Petro respondió a esta declaración calificándola como un “ataque a la soberanía” de América Latina y alertó sobre una crisis humanitaria aún mayor en Venezuela.
Transición o Violencia: El Dilema de 2026
Los días inmediatamente siguientes a la captura serán críticos. Según la narrativa oficial estadounidense, la apertura hacia una transición democrática, forzada por la Administración Trump, no admite negociación, pero las formas pueden desencadenar un ciclo de violencia permanente. La neutralización de los grupos paramilitares y la posible fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana determinarán el desenlace.
La presión internacional es ambivalente: la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo apoyan el resultado del 28-J y reconocen como presidente a González. Mientras, regímenes autoritarios como Cuba y Nicaragua, potencias globales como Rusia y China, y fundamentalismos como Irán y Corea del Norte, respaldan al régimen de Maduro.
El Desenlace Aún No Escrito
Venezuela entra en 2026 en la más absoluta incertidumbre. El tiempo del chavismo se agotó. No hay desenlace escrito, pero sí una certeza: el sistema autoritario no puede sostenerse y está bajo la amenaza de un segundo y definitivo ataque por parte de Estados Unidos. El desenlace ya implica una ruptura, aunque existen dos elementos indefinidos: el nivel de violencia y el grado del protectorado anunciado por Trump.
