La Controversia en torno a la Nueva Ley de Telecomunicaciones
Una iniciativa legislativa que busca reformar las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión en México ha generado una fuerte ola de críticas por parte de diversos sectores, incluyendo políticos de todos los partidos políticos, empresarios y organizaciones de derechos humanos. La preocupación central radica en el potencial que la ley otorga al Poder Ejecutivo para bloquear plataformas digitales por incumplimientos, sin una definición clara de estos incumplimientos. Esta ambigüedad abre la puerta a la censura discrecional, limitando la circulación de contenidos de origen extranjero y concentrando funciones que antes eran responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ahora extinguido.
Elementos Clave de la Ley y sus Riesgos
La nueva ley establece las bases para bloquear plataformas digitales, otorgando al Ejecutivo asignaciones directas del espectro radioeléctrico sin un proceso de competencia abierto. Además, transfiere el control de contenidos de radiodifusión a órganos políticos, comenzando por la Secretaría de Gobernación. Esta transferencia de poder centralizado es motivo de gran preocupación, ya que implica una mayor influencia política en la regulación de los medios.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la definición amplia y poco precisa de “plataforma digital”. Esta amplitud abarca desde redes sociales hasta mercados en línea, lo que dificulta la aplicación de las regulaciones y aumenta el riesgo de bloquear contenidos legítimos. Asimismo, la protección de derechos de usuarios y audiencias se confía a la Profeco (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), una instancia administrativa sin especialización específica en el ámbito de las telecomunicaciones.
Voces en Contra: Una Historia de Censura y Oportunismo
Las críticas a la ley no provienen solo de voces nuevas. Muchos de aquellos que en el pasado fueron críticos con la censura, o incluso cómplices de ella, se han unido ahora a los que defienden la libertad de expresión. Incluyen priistas que avalaron décadas de control sobre los medios, panistas que toleraron presiones y espionaje durante el gobierno de Felipe Calderón, y morenistas que han justificado actos de censura a nivel local y federal. Esta diversidad de voces demuestra la magnitud del problema y la necesidad urgente de proteger los derechos fundamentales.
La situación actual refleja una dinámica recurrente: cuando el poder se detenta, la censura o la presión sobre los medios tienden a aumentar. Cuando existe el riesgo de perder influencia, se invocan las “defensas” de los derechos fundamentales como una herramienta para mantener el control. Esta historia no es nueva, y la memoria histórica a menudo se eclipsa ante el oportunismo presente.
El Autor y su Experiencia
Escribo esto con conocimiento de causa. Entre 1982 y 2000, y de 2000 a 2006, fui víctima directa de censura y presiones por parte de diversas administraciones federales. Estas presiones provenían de funcionarios priistas, panistas y también de personajes que luego militaron en partidos como el PRD, Morena o Movimiento Ciudadano. Los nombres y las siglas políticos cambian con el tiempo, pero la tentación de controlar los medios y silenciar voces disidentes persiste.
La Respuesta Presidencial y la Necesidad de una Solución Integral
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que la ley busque censurar plataformas digitales. Ha ofrecido modificar o eliminar el artículo 109, que es central en las preocupaciones de los críticos, y ha asegurado que la Agencia de Transformación Digital sólo actuaría en casos excepcionales. Si bien esta oferta es bienvenida, no sustituye la necesidad de una ley escrita que garantice plenamente los derechos fundamentales. Mientras la ley mantenga ambigüedades y facultades discrecionales, ninguna promesa presidencial puede asegurar una verdadera protección.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el principal motivo de preocupación con respecto a la nueva ley?
- La posibilidad de bloquear plataformas digitales sin una definición clara de los incumplimientos.
- ¿Qué instancia se encarga actualmente de la protección de derechos de usuarios y audiencias?
- La Profeco (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
- ¿Por qué se considera que la transferencia de control de contenidos a órganos políticos es un riesgo?
- Porque aumenta la influencia política en la regulación de los medios y puede llevar a una censura más sistemática.
- ¿Por qué se menciona la experiencia personal del autor?
- Para ilustrar la persistencia de las prácticas de censura y presión sobre los medios a lo largo del tiempo, independientemente de los partidos políticos en el poder.
