A poco más de un mes de su promulgación, la reforma del Infonavit sigue generando dudas en torno a sus alcances en temas laborales, especialmente en el manejo de las incapacidades.
La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) establece que los empleadores deben continuar con los descuentos del salario para el pago de créditos Infonavit, incluso en casos de incapacidad laboral. Sin embargo, la falta de reglas claras en la legislación plantea riesgos para las empresas.
Obligaciones sin definición clara
Antes de la reforma, los descuentos del salario se suspendían en casos de incapacidades y ausencias, ya que el empleador no tenía control sobre la remuneración.
Ahora, con las modificaciones a la legislación, la obligación de realizar los descuentos se mantiene incluso en escenarios de incapacidades y ausencias, generando nuevos riesgos para las empresas, ya que no existe un pago de salario.
Financiamiento del crédito sin garantías
La Ley obliga a los empleadores a “asumir el crédito hipotecario del trabajador” cuando no hay salario, en lugar de pasar la estafeta al IMSS, que es la autoridad que tiene el recurso del trabajador en caso de incapacidad.
Los especialistas coinciden en que la reforma añadió una nueva obligación a la legislación sin modificar las fracciones que regulan los descuentos, lo cual genera ambigüedad y riesgos.
Riesgos y consecuencias
- Problemas en la recuperación de recursos: El empleador no tiene garantía para recuperar los recursos aportados durante el tiempo de incapacidad, más allá del salario.
- Límites en descuentos: La Ley Federal del Trabajo establece límites en los descuentos que se pueden hacer del salario, impidiendo descontar todo el sueldo incluso si hay una grave incapacidad.
- Riesgos para el Repse: El incumplimiento de la nueva disposición puede generar diferencias con el Infonavit y afectar la inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse), un requisito legal para ofrecer servicios especializados.
Los expertos aconsejan a las empresas esperar los lineamientos y cómo se resuelven los amparos que se promuevan, ya que la falta de claridad en la legislación puede traer consecuencias graves.
