El Debate sobre la Regularización de Viviendas Invadidas y su Impacto en el Infonavit
Este artículo aborda una creciente preocupación dentro del sector empresarial mexicano, relacionada con la propuesta de regularización de hogares invadidos a través de esquemas de arrendamiento con opción a compra. Esta iniciativa, impulsada por el director del Instituto de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, ha sido objeto de rechazo por parte de diversas cámaras empresariales, quienes advierten sobre el riesgo de institucionalizar la ocupación ilegal y comprometer gravemente el patrimonio del organismo público. La discusión se centra en cómo esta propuesta podría afectar la estabilidad financiera y la capacidad del Infonavit para cumplir con su misión original: proteger el patrimonio de los trabajadores.
El Contexto y la Urgencia del Problema
El Infonavit fue creado con el objetivo fundamental de facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores, promoviendo el desarrollo de un sistema habitacional accesible y sostenible. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un aumento significativo de la ocupación irregular de viviendas, con miles de hogares viviendo en propiedades que no les pertenecen. Según estimaciones, hasta el momento se han censado 168,000 viviendas consideradas invadidas, representando el 86% de las viviendas ocupadas por personas que no tienen ningún vínculo jurídico con el Infonavit ni con los legítimos propietarios. Esta situación se agrava por la creciente morosidad en el sistema, que ha aumentado considerablemente desde 2018, pasando de un 7.8% a un 18%, y podría ascender hasta el 32% si se consideran los créditos segregados.
La Postura del Sector Empresarial: Criterios Legales y Protección del Patrimonio
Las organizaciones empresariales que han expresado su rechazo a la propuesta de regularización se basan en criterios legales sólidos y una profunda preocupación por el futuro financiero del Infonavit. Argumentan que el organismo público no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Consideran que la regularización de ocupaciones ilegales representaría un grave precedente y podría socavar la confianza en el sistema.
Además, señalan que la morosidad actual del Infonavit ya es un problema significativo y que cualquier iniciativa que promueva la regularización de créditos vencidos podría agravar aún más el deterioro de la cartera y comprometer el futuro financiero del organismo. La preocupación no se limita a los números, sino que se extiende a la idea de que permitir la regularización de ocupaciones ilegales podría abrir la puerta a una mayor informalidad y dificultar el cumplimiento del objetivo original del Infonavit: asegurar el acceso a la vivienda para los trabajadores.
Clarificación de la Postura Presidencial
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle vivienda a quien le pertenece”. Esta declaración busca evitar interpretaciones erróneas y asegurar que no se tomen medidas que puedan perjudicar a los legítimos propietarios. Sin embargo, las organizaciones empresariales mantienen su postura firme, argumentando que la certidumbre jurídica debe basarse en políticas claras y legales, alineadas con el interés de los trabajadores y el marco institucional.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué el sector empresarial rechaza la propuesta de regularización? Porque temen que institucionalice la ocupación ilegal y comprometa el patrimonio del Infonavit.
- ¿Cuál es la situación actual de la morosidad en el Infonavit? La morosidad ha aumentado considerablemente, pasando de un 7.8% a un 18%, y podría ascender hasta el 32% si se consideran los créditos segregados.
- ¿Qué criterios utiliza el sector empresarial para argumentar su postura? Se basan en criterios legales sólidos y la preocupación por el futuro financiero del Infonavit, argumentando que no tiene atribuciones para otorgar créditos a quienes no son derechohabientes.
- ¿Qué ha dicho la presidenta Sheinbaum sobre el tema? Ha enfatizado que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de quitar vivienda a quien la posee.
- ¿Cuál es el objetivo principal del Infonavit? Facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores, promoviendo un sistema habitacional accesible y sostenible.
