El sector inmobiliario de México se encuentra en un momento crucial, enfrentando desafíos significativos debido a las recientes reformas implementadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado). Estas reformas, diseñadas para combatir el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, han introducido sanciones económicas que podrían alterar significativamente el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que dominan este sector.
La Ley Antilavado busca cerrar brechas financieras que utilizan los grupos delictivos para mover recursos ilícitos. Si bien la intención es noble y necesaria, su implementación está generando una gran preocupación en el sector inmobiliario mexicano. Las multas establecidas por incumplimiento son sustanciales, oscilando entre los 22,628 pesos y los 7.3 millones de pesos, lo que representa una carga considerable para las Pymes.
Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), ha expresado su inquietud sobre el impacto de estas nuevas regulaciones. “Las multas son agresivas, especialmente si se toman en cuenta las dificultades que pueden enfrentar empresas de menor tamaño,” comentó durante su participación en el World Integrity and Compliance Forum. Oviedo destacó que, si bien la AMPI apoya la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, las empresas necesitan un marco regulatorio más flexible que no les impida operar y seguir ofreciendo servicios a sus clientes.
La implementación de la Ley Antilavado, junto con otras regulaciones como la Ley Silla (que exige identificación de clientes) y la reducción de la jornada laboral, están generando una presión adicional sobre las Pymes del sector inmobiliario. Según estimaciones de la AMPI, cumplir al 100% con las obligaciones regulatorias podría duplicar los costos laborales de estas empresas, lo que inevitablemente se traducirá en un aumento de los precios de la vivienda.
Pymes, las más Vulnerables
Una reciente encuesta realizada por la AMPI reveló que un alarmante 64.9% de sus socios son independientes o empresas con entre dos y diez asesores, quienes se encuentran en una situación particularmente vulnerable ante las nuevas exigencias regulatorias. Estas empresas suelen carecer de los recursos y la infraestructura tecnológica necesarios para implementar los controles internos requeridos, lo que las convierte en un blanco fácil para las autoridades.
La AMPI ha enfatizado que, si bien sus miembros están dispuestos a cumplir con las regulaciones y combatir el crimen organizado, necesitan un mecanismo más flexible que les permita operar de manera eficiente. La asociación ha solicitado a las autoridades una mayor claridad en los criterios de cumplimiento y la posibilidad de establecer excepciones para las empresas más pequeñas.
Mayor Escrutinio y Control
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado de realizar visitas de verificación y auditorías a las empresas inmobiliarias, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá la facultad de requerir información directa sobre las transacciones sospechosas. Esto implica un aumento significativo en la supervisión y el control que se ejerce sobre las operaciones del sector inmobiliario.
La Ley Antilavado considera al sector inmobiliario como una de las actividades vulnerables para el manejo de recursos ilícitos, por lo que endurece las medidas de control y las transacciones que deben ser reportadas incluyen:
- Construcción o desarrollo de bienes inmuebles con fines de venta o renta.
- Recepción de recursos destinados a proyectos inmobiliarios.
- Operaciones por un monto igual o superior a 8,025 UMAS (908,415.50 pesos en 2025) deberán notificarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Arrendamiento de inmuebles con valor superior a 1,605 UMAS (181,589.70 pesos).
- Servicios profesionales en representación de clientes en operaciones que involucren montos iguales o mayores a 363,209 pesos al mes.
Mayor Escrutinio y Control (Continuación)
La complejidad de la Ley Antilavado exige una mayor diligencia y transparencia por parte de las empresas del sector inmobiliario. Es fundamental que las Pymes implementen controles internos robustos, capaciten a su personal y mantengan una comunicación fluida con las autoridades. Además, es crucial que seamos conscientes de que la delincuencia siempre buscará dar la vuelta a las regulaciones, por lo que es necesario ser vigilantes y proactivos en la identificación de posibles riesgos.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué es la Ley Antilavado? Es una ley que busca prevenir el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, estableciendo controles y obligaciones para las empresas que realizan transacciones financieras.
- ¿Qué tipo de multas se pueden aplicar? Las multas varían según el nivel de incumplimiento, oscilando entre los 22,628 pesos y los 7.3 millones de pesos.
- ¿Qué transacciones deben notificarse? Las operaciones que superen los montos establecidos por la ley (8,025 UMAS o 1,605 UMAS) deben notificarse a las autoridades.
- ¿Quiénes están sujetos a la Ley Antilavado? Las empresas que realizan transacciones financieras, incluyendo aquellas del sector inmobiliario.
