La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca sustituir al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Compranet).
- Exenta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de cumplir con esta ley.
Expertos alertan sobre riesgos:
- Transparencia en riesgo: Esto podría llevar a la posibilidad de que las entidades públicas realicen sus obras por medio de asignaciones directas, lo cual se considera menos transparente.
- Riesgo de sobrecostos: La reforma autoriza que los sobrecostos hasta del 49% no necesariamente deben ser transparentados, lo que podría afectar la eficiencia en el uso de recursos públicos.
- Impacto en tratados de libre comercio: Limitar la participación privada en licitaciones de obras públicas va en contra de los acuerdos comerciales que México mantiene con otros países, lo que podría requerir evaluaciones y ajustes.
María Teresa Paillés, socia del despacho Pérez-Llorca en el Área Inmobiliaria, indicó: “Siempre se habla de transparencia de obra pública, ya que se hacen a base de recursos de los mexicanos, pero la nueva ley da paso a que las entidades públicas, empezando por Pemex y CFE, tengan autorización de desarrollar sus proyectos directamente.”
Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, señaló que “la iniciativa autoriza que, cuando los sobrecostos sean de hasta 49%, no será necesario transparentarlos, lo que tendrá consecuencias en la eficiencia del erario.”
Paillés advirtió que dañar la competitividad y limitar la participación de la iniciativa privada en obra pública por medio de licitaciones va en contra de los tratados de libre comercio que México sostiene con otros países. “Uno de los temas primordiales en estos acuerdos es la invitación de empresas extranjeras a las licitaciones públicas, lo que ayuda a obtener mejores costos de parte de firmas especializadas en construcción.”
