Los fraudes inmobiliarios en México se han convertido en un riesgo latente para familias, inversionistas y la reputación del sector, especialmente en zonas con una creciente actividad en bienes raíces como el Bajío. La situación es particularmente preocupante, con un aumento del 20% en los fraudes reportados en 2024, y una cifra considerable de afectados que aún no han denunciado sus casos.
Según datos proporcionados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el número de fraudes inmobiliarios ha experimentado un incremento significativo en 2024. Este aumento coincide con una notable actividad inmobiliaria en el Bajío, una región que ha experimentado un crecimiento económico y poblacional considerable en los últimos años. La complejidad de rastrear y castigar a los responsables de estos esquemas fraudulentos es un desafío importante para las autoridades.
En entrevista para Econohábitat, Mario Palomares, presidente del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío (CIIB), explicó que este problema no es nuevo, pero ha adquirido mayor fuerza en los últimos años. “En Querétaro ya tienen algunos años que comenzaron a surgir estos eventos,” comentó Palomares. “Tenemos conocimiento de que se han identificado alrededor de 15,000 afectados en los últimos cinco años, con casi 500 carpetas de investigación abiertas.” Esta cifra subraya la magnitud del problema y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas.
Sin embargo, Palomares añadió que hasta ahora no se ha reportado la detención de ningún responsable. Esto evidencia la complejidad para rastrear y castigar a quienes operan estos esquemas fraudulentos, que a menudo se esconden detrás de complejas estructuras empresariales y utilizan tácticas sofisticadas para engañar a las víctimas.
Modus Operandi: Cómo se Desarrollan los Fraudes
De acuerdo con el CIIB, uno de los focos de alerta de la actividad fraudulenta es la proliferación de anuncios falsos en internet y la venta de proyectos inmobiliarios que cobran anticipos sin tener respaldo real ni garantías de entrega. Las víctimas, a menudo atraídas por la promesa de una casa propia en un lugar deseable, se ven atrapadas en esquemas que rápidamente resultan ser estafas. Estos fraudes pueden variar desde la venta de terrenos sin título de propiedad hasta la entrega de viviendas que no cumplen con las especificaciones acordadas.
El mercado queretano, por ejemplo, ha experimentado un fuerte auge gracias a su cercanía con la Ciudad de México y su calidad de vida. Se estima que 120 familias llegan en busca de una casa cada día para establecerse en la entidad. Esta alta demanda, combinada con el aumento de la actividad inmobiliaria, crea un terreno fértil para que los fraudes se desarrollen y prosperen. Las víctimas suelen ser personas mayores, familias jóvenes con ingresos limitados o individuos que buscan una solución rápida para su vivienda.
Según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en 2024 se colocaron alrededor de 18,764 viviendas, esto es 7.5% más en comparación con el 2023. Si bien esto es una oportunidad de crecimiento para los desarrolladores, también luce atractivo para grupos organizados enfocados en el fraude inmobiliario. Estos grupos a menudo utilizan las promesas de inversión y rentabilidad para atraer a sus víctimas.
Certificación: Una Respuesta del Sector Inmobiliario
Para responder a este desafío, el Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México, junto con el CIIB, anunció la creación de la Certificación de Desarrollador Confiable. Esta iniciativa busca proteger la inversión de las familias y reforzar la reputación de los desarrolladores formales. El objetivo es elevar los estándares de ética, transparencia y profesionalismo a nivel nacional.
La certificación será gestionada por un Comité Certificador Autónomo, integrado por expertos independientes. Estos expertos evaluarán a las empresas desarrolladoras —no a proyectos individuales— bajo criterios de legalidad, solvencia, gobernanza, ética empresarial y trayectoria técnica. El proyecto comenzará en Querétaro, pero se extenderá a otros nueve estados prioritarios, entre ellos Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y Michoacán. Antes de su lanzamiento, ya alrededor de 40 firmas han manifestado su interés en obtener el distintivo, como una forma de demostrar su compromiso con las buenas prácticas.
