El gobierno argentino ha dado inicio al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una empresa fundamental para el suministro de agua potable y la gestión de aguas residuales en gran parte del país. Esta decisión, anunciada tras una autorización previa, busca modernizar el sector y mejorar la eficiencia en la prestación de estos servicios esenciales.
El Contexto de la Privatización
AySA es una empresa estatal con una larga historia, responsable de proveer agua y saneamiento a millones de argentinos. Su gestión ha sido objeto de debate, con críticas sobre la infraestructura obsoleta, las tarifas y la sostenibilidad financiera. La privatización se presenta como una alternativa para abordar estos desafíos, buscando inversiones privadas que impulsen la modernización de las redes y la mejora del servicio.
La decisión de privatizar AySA no es nueva. En julio pasado, el gobierno ya había modificado la normativa de la empresa para permitir la venta del 90% de sus acciones, que actualmente pertenecen al Estado. Esta modificación fue un paso crucial para iniciar el proceso de privatización, permitiendo la apertura del mercado a inversores privados.
El Proceso de Privatización: Detalles y Plazos
La iniciativa se formalizó a través de la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta resolución establece un plazo de ocho meses para llevar a cabo todo el proceso de venta, desde la tasación del paquete accionario hasta la transferencia efectiva de las acciones al sector privado.
El Ministerio de Economía ha designado una agencia especializada, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, para liderar este proceso. Su tarea principal será contratar a una entidad bancaria del sector público para realizar la tasación precisa del valor de las acciones de AySA. Esta tasación es fundamental para determinar un precio justo y transparente, asegurando que la venta sea beneficiosa tanto para el Estado como para los inversores privados.
Garantías del Servicio Público
Una de las preocupaciones centrales en este tipo de procesos es asegurar que la privatización no comprometa el acceso al agua potable y a la recolección de aguas residuales para la población. El gobierno ha reiterado que la privatización no implicará una interrupción del servicio público, sino una transición hacia una gestión más eficiente y con mayor capacidad de inversión.
Se espera que la participación del sector privado impulse la modernización de las infraestructuras existentes, la implementación de nuevas tecnologías y la mejora en la gestión financiera de la empresa. Esto podría traducirse en una mayor disponibilidad de agua, una mejor calidad del servicio y tarifas más accesibles a largo plazo.
El Rol de la Agencia de Transformación
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas jugará un papel clave en la coordinación y supervisión del proceso. Su labor incluirá:
- Gestionar la contratación de la entidad bancaria para la tasación.
- Coordinar con los potenciales compradores privados.
- Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución.
- Asegurar que se respeten los derechos de los usuarios y las regulaciones aplicables.
El Impacto Potencial
La privatización de AySA podría tener un impacto significativo en varios aspectos:
- Mejora de la infraestructura: La inversión privada podría impulsar la modernización y ampliación de las redes de agua y saneamiento, reduciendo fugas y mejorando la eficiencia.
- Reducción de costos: La gestión privada podría llevar a una mayor eficiencia operativa y reducción de los costos, lo que podría traducirse en tarifas más bajas para los usuarios.
- Mayor sostenibilidad: La inversión privada podría mejorar la viabilidad financiera de la empresa, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
- Innovación tecnológica: La participación del sector privado podría impulsar la adopción de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras en el ámbito del saneamiento.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cómo se asegura que el servicio público no se vea afectado? El gobierno ha asegurado que la privatización no implicará una interrupción del servicio, sino una transición hacia una gestión más eficiente con mayor capacidad de inversión.
- ¿Quiénes pueden ser los compradores privados? Se espera que sean empresas del sector de infraestructuras y servicios públicos, con experiencia en la gestión de redes de agua y saneamiento.
- ¿Cómo se determinará el precio de las acciones? Se utilizará una tasación realizada por una entidad bancaria del sector público, para asegurar un precio justo y transparente.
- ¿Qué tipo de regulaciones se aplicarán a la empresa privada? Se establecerán regulaciones para asegurar el acceso al servicio, la calidad del agua y las tarifas.
- ¿Cómo se protegerán los derechos de los usuarios? Se establecerán mecanismos para garantizar el acceso al servicio y la protección de los derechos de los usuarios, especialmente de las personas más vulnerables.
