Contexto y Relevancia
El gobierno de México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha decidido mantener los precios del espectro radioeléctrico en 2026, a pesar de las presiones para reducirlos. Esta decisión se toma en un contexto macroeconómico desafiante, con un déficit fiscal significativo y la necesidad de aumentar el gasto público. Sin embargo, la estrategia busca impulsar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y conectividad, especialmente en zonas marginadas.
El Precio del Espectro: Un Desafío para México
México se destaca en el mundo por los precios más elevados del espectro, con pagos anuales de derechos que equivalen al 85% del costo total por explotar una banda radioeléctrica. Esto contrasta con el promedio latinoamericano, que se sitúa en un 20%. Esta situación ha resultado en renuncias de las compañías telefónicas a sus concesiones de espectro, generando 738 millones de dólares en impuestos entre 2020 y 2024.
La Estrategia del Gobierno: Incentivos Fiscales y Redes Inteligentes
A pesar de mantener los precios del espectro, el gobierno busca impulsar la inversión en telecomunicaciones a través de dos pilares principales: incentivos fiscales y el desarrollo de redes inteligentes. La iniciativa busca llevar cobertura a zonas desatendidas, especialmente con inversión privada.
Propuestas Clave del Gobierno
- Ley Federal de Derechos 2026: Se propone mantener las mismas cuotas por uso y goce del espectro radioeléctrico, buscando “salvaguardar el derecho de la población al acceso a las telecomunicaciones”.
- Descuentos para Concesionarios: Se busca establecer una norma habilitante que permita el otorgamiento de descuentos a los concesionarios de bandas de frecuencias, especialmente en zonas geográficas con baja cobertura.
- Redes Inteligentes: Se propone la creación de una nueva figura para la entrega de concesiones para redes inteligentes, incentivando las inversiones en este campo y permitiendo al Estado obtener retribución por el uso del espectro.
- Cobro de Derechos para Redes Inteligentes: Se propone el cobro de derechos por el uso del espectro radioeléctrico asociado a redes de radiocomunicaciones inteligentes.
El Desafío de la Licitación 5G
La iniciativa busca dar certeza a los posibles interesados en instalar redes de radiocomunicaciones inteligentes, con la intención de que el Estado obtenga retribución por el uso del espectro. El gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ha prometido una primera licitación 5G antes del 31 de diciembre de 2025, después de varios intentos fallidos desde 2019.
Implicaciones para los Operadores
La propuesta de incentivos fiscales podría atraer a operadores comerciales y sociales, grandes y pequeños, a competir por bandas radioeléctricas para llevar coberturas a zonas desatendidas. Sin embargo, la propuesta no deja claro cómo sería la participación hipotética de operadores como Altán en el acceso a bandas de capacidad para 5G que aún no posee y en regiones desatendidas, donde el Estado es un principal accionista de la compañía.
Posibles Tensiones
La propuesta podría sacar chispas entre los grandes operadores como Telcel o AT&T, que después de años conos de ingresos y por la política del espectro caro, se decantan porque se incentive a empresas como ellas en el desarrollo de redes privadas.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué el gobierno mantiene los precios del espectro? Para salvaguardar el derecho de la población al acceso a las telecomunicaciones, en un contexto macroeconómico desafiante.
- ¿Qué tipo de incentivos se proponen? Descuentos para concesionarios y la creación de una nueva figura para redes inteligentes.
- ¿Cómo podría afectar esto a los grandes operadores? Podría generar tensiones, ya que se incentiva el desarrollo de redes privadas en lugar de la infraestructura tradicional.
- ¿Qué significa el espectro para México? Es un recurso vital para las comunicaciones masivas, pero su alto costo limita la inversión en infraestructura y conectividad.
- ¿Qué es Altán? Es una empresa que participa en el acceso a bandas de capacidad para 5G en regiones desatendidas, donde el Estado es un principal accionista.
