a beach with people walking around and a castle in the background with a blue sky and water in the f

Web Editor

Demolición Ordenada: Juez Exige Restauración Ambiental en Tulum Tras Omisión de Profepa

Un juez federal ha emitido una orden para la demolición del condominio Adhamar Solimán, ubicado en Tulum, Quintana Roo. Esta decisión se produce tras un amparo concedido a ciudadanos que denunciaron la negligencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la supervisión y cumplimiento de las normativas ambientales durante la construcción del complejo. La sentencia representa un importante precedente en la defensa judicial del medio ambiente y subraya la obligación del Estado de actuar con firmeza ante daños ecológicos, especialmente en zonas de alto valor ambiental como Tulum.

Antecedentes: La Negligencia de Profepa

La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con asesoría legal de Mónica Huerta, ha sido fundamental en este proceso. En junio de 2024, Profepa ya había determinado que Desarrollos Tulum Dieciséis, la empresa constructora del condominio Adhamar Solimán, había causado daños significativos a un ecosistema de duna costera. Como resultado, se impusieron multas y la obligación de restaurar 731.80 metros cuadrados de área afectada.

Sin embargo, a pesar de esta determinación previa y la imposición de sanciones, Profepa no ejecutó ni supervisó adecuadamente las medidas de restauración requeridas. Esta omisión fue la base para que los ciudadanos, a través de DMAS, solicitaran y obtuvieran un amparo judicial.

La Decisión Judicial: Orden de Demolición y Restauración

El Poder Judicial, tras considerar la negligencia de Profepa, ha concedido el amparo solicitado. La orden judicial ahora exige la demolición del condominio Adhamar Solimán y la restauración completa del área afectada. Esto implica que Profepa debe ejecutar de manera activa y oficiosa las medidas de restauración ordenadas previamente.

Mónica Huerta, representante legal de DMAS, explicó que la sentencia no solo obliga a Profepa a hacer efectivas las sanciones económicas impuestas, sino también a dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República. “No puede delegar en la empresa sancionada la responsabilidad de cumplir con las medidas de restauración”, afirmó. Esto demuestra una firmeza en la defensa del derecho a un medio ambiente sano, tal como lo establece el artículo 4° de la Constitución Mexicana.

Principios Clave en la Sentencia

La sentencia se basa en principios fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano, reconocido constitucionalmente. Además, incorpora el principio de precaución ambiental, que exige la actuación inmediata y efectiva incluso cuando exista incertidumbre científica sobre los posibles riesgos de daño grave o irreversible. Este principio es crucial para proteger ecosistemas vulnerables como las zonas costeras de Tulum, que son vitales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

El Contexto de Tulum

Tulum es una zona de particular importancia ecológica, albergando un ecosistema de duna costera único y sirviendo como zona de anidación para tortugas marinas. La construcción del condominio Adhamar Solimán, y la posterior negligencia de Profepa en la supervisión, ponen en riesgo este valioso ecosistema. La sentencia judicial representa un paso importante para evitar daños irreversibles y asegurar la protección de este entorno natural.

Preguntas y Respuestas Clave

  • ¿Por qué se otorgó el amparo? Se otorgó debido a la omisión de Profepa en hacer cumplir las normativas ambientales durante la construcción del condominio Adhamar Solimán.
  • ¿Qué implica la sentencia? La sentencia exige la demolición del condominio y la restauración completa del área afectada.
  • ¿Qué debe hacer ahora Profepa? Debe ejecutar de manera activa y oficiosa las medidas de restauración ordenadas, además de hacer efectivas las sanciones económicas y dar seguimiento a la querella penal.
  • ¿Cuál es la importancia de esta sentencia? Representa un precedente en la defensa judicial del medio ambiente y subraya la obligación del Estado de actuar con firmeza ante daños ecológicos.
  • ¿Qué principios se utilizan en la sentencia? Se basa en el derecho a un medio ambiente sano y el principio de precaución ambiental.