Puebla, Pue – El Consejo de Organismos Empresariales (COE) ha alertado sobre la creciente problemática de los fraudes inmobiliarios en el estado de Puebla, instando a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) a integrar un padrón oficial de empresas de bienes raíces. Esta iniciativa busca combatir la creciente ola de estafas que afectan a compradores y empresas formales, con un alarmante registro de 1,800 fraudes acumulados en los últimos cuatro años.
El presidente del COE, César Bonilla Yunes, un reconocido empresario mobiliario local, explicó que si bien el número de casos reportados puede parecer limitado en comparación con la cantidad total de transacciones inmobiliarias, los montos involucrados son significativos, oscilando entre 300,000 y varios millones de pesos. La situación se agrava porque, a pesar de la magnitud del problema, solo 400 de las aproximadamente 2,000 empresas de bienes raíces operando en Puebla han sido identificadas y empadronadas formalmente por las autoridades. Esto significa que una gran cantidad de agentes inmobiliarios y empresas operan sin control, lo que facilita la comisión de fraudes.
Bonilla Yunes destacó que la competencia desleal de estas empresas no reguladas es un factor clave en el aumento de los fraudes. “La falta de regulación y control permite que estas empresas operen sin las mismas obligaciones y responsabilidades que las empresas formales, lo que facilita la comisión de estafas,” afirmó. El caso del proyecto OAK 58, un edificio de departamentos de lujo ubicado en Lomas de Angelópolis (San Andrés Cholula), es un ejemplo reciente y devastador. En este caso, 100 compradores de Puebla, Morelos y la Ciudad de México fueron víctimas de una estafa que resultó en pérdidas totales de 500 millones de pesos. Este incidente, junto con otros similares que se están denunciando, subraya la urgencia de implementar medidas para proteger a los compradores y garantizar transacciones inmobiliarias seguras.
La falta de un padrón oficial de empresas de bienes raíces dificulta enormemente la tarea de las autoridades para identificar y sancionar a los responsables de estos fraudes. Sin un registro centralizado, es mucho más difícil rastrear a los agentes inmobiliarios que operan de manera fraudulenta y llevarlos ante la justicia. Además, la ausencia de una regulación clara en el sector inmobiliario crea un ambiente propicio para la competencia desleal y la comisión de delitos.
El COE ha intensificado sus esfuerzos para presionar al Congreso del estado de Puebla a la aprobación de la Ley Inmobiliaria, una legislación que busca regular el sector y establecer mecanismos para proteger a los compradores y vendedores. Bonilla Yunes ha estado reuniéndose con los diputados locales de la Comisión de Desarrollo Económico para asegurar que la ley se apruebe lo antes posible, idealmente este 2026. La Ley Inmobiliaria busca establecer estándares de transparencia, obligaciones para los agentes inmobiliarios y mecanismos para resolver disputas entre compradores y vendedores.
A pesar de los esfuerzos del COE, las empresas que operan sin registro y solicitan anticipos por inmuebles que no entregan o no venden, siguen siendo un problema persistente. Estos agentes inmobiliarios a menudo utilizan tácticas de presión y engaño para convencer a los compradores de que inviertan en propiedades que nunca recibirán. La falta de un padrón oficial y una regulación clara dificulta la identificación y el seguimiento de estas empresas fraudulentas.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el principal problema que enfrenta el sector inmobiliario en Puebla? El aumento de los fraudes inmobiliarios, con un registro acumulado de 1,800 en los últimos cuatro años.
- ¿Cuántas empresas de bienes raíces están empadronadas en Puebla? Solo 400 de las aproximadamente 2,000 empresas que operan en el estado.
- ¿Cuál fue el monto total de las pérdidas por fraude en el proyecto OAK 58? Se estima en 500 millones de pesos.
- ¿Qué busca la Ley Inmobiliaria propuesta? Regular el sector, establecer estándares de transparencia y mecanismos para proteger a compradores y vendedores.
