El Litigio Calica y su Impacto en la Revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)
El caso Calica, un litigio que se remonta a 2018, presenta serias implicaciones negativas para México en la inminente revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta revisión, programada para mediados del año en curso, podría enfrentar obstáculos significativos debido a las tensiones generadas por la situación. Según Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y jefe del equipo de negociaciones del T-MEC, el caso Calica se ha convertido en un tema central y podría influir en la necesidad de ratificación legislativa en Washington. Los senadores estadounidenses Bill Hagerty y Tim Kaine han expresado su preocupación y han advertido sobre posibles acciones para proteger los intereses de las empresas estadounidenses si el gobierno mexicano confisca los terrenos y el puerto de Punta Venado.
El Caso Calica: Orígenes y Acciones del Gobierno Mexicano
La empresa Calizas Industriales del Carmen, SA de CV (Calica), una subsidiaria de Vulcan Materials Company, se fundó en 1986. Originalmente, Calica era una empresa conjunta entre Vulcan Materials Company y el Grupo ICA, pero Vulcan Materials Company adquirió Calica en 2001. Hasta 2022, la empresa se dedicaba a producir agregados para la construcción destinados principalmente al mercado estadounidense. Además, Calica proveía servicios de terminal marítima y de carga para la industria regional en el muelle de Punta Venado.
Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano han generado un conflicto considerable. En 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las actividades de aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático en un predio, tras un levantamiento topográfico que evidenció presuntos incumplimientos de los términos de la autorización ambiental original. En 2022, se clausuró por completo la mina y el muelle de Punta Venado, desde donde Calica exportaba material pétreo a Estados Unidos.
Arbitraje Internacional y Demandas por Millones de Dólares
Ante estas acciones gubernamentales, Vulcan Materials llevó el caso ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El litigio, iniciado en 2018, se origina por acciones gubernamentales que datan de 2009. En ese momento, el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y El Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. Este cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en estos predios.
Además de la clausura de los predios La Adelita y El Corchalito, Vulcan inició una querella por 1,500 millones de pesos contra el gobierno mexicano. La empresa también solicitó una ampliación de su querella, la cual fue concedida por el CIADI, elevando la indemnización que exige Vulcan al gobierno mexicano a 1,900 millones de dólares. Los legisladores estadounidenses han advertido que si el gobierno mexicano confisca los terrenos y el puerto de Punta Venado, “nos veremos obligados a considerar todos los recursos disponibles a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo e beneficie del robo de esta propiedad”.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el origen del conflicto? El conflicto se remonta a 2009, cuando se modificó el POEL y cambió el uso de suelo de los predios de Vulcan Materials en Playa del Carmen.
- ¿Qué acciones ha tomado el gobierno mexicano? El gobierno mexicano clausuró las actividades de extracción, la mina y el muelle Punta Venado.
- ¿Qué ha exigido Vulcan Materials al gobierno mexicano? Vulcan Materials ha exigido una indemnización de 1,900 millones de dólares.
- ¿Qué tipo de recurso internacional se ha utilizado? Vulcan Materials llevó el caso ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
- ¿Por qué es preocupante este caso para Estados Unidos? Los senadores estadounidenses han advertido sobre posibles acciones para proteger los intereses de las empresas estadounidenses si el gobierno mexicano confisca los terrenos y el puerto de Punta Venado.
