Universidad de Harvard enfrenta una demanda por parte de profesores contra la revisión de casi 9,000 millones de dólares en contratos y subvenciones federales por parte del Gobierno de Donald Trump.
La demanda, presentada el viernes ante un tribunal federal de Boston, afirma que la administración está tratando de socavar ilegalmente la libertad académica y la libertad de expresión en el campus de Harvard.
Departamento de Justicia de EE. UU., que defiende las políticas de la administración, no ha respondido a la solicitud de comentarios. Harvard tampoco ha querido hacer declaraciones.
Esta acción es parte de una ofensiva más amplia por parte del Gobierno Trump contra lo que él describe como el antisemitismo en los campus universitarios, así como contra programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y políticas transgénero.
Los Departamentos de Educación, Salud y Servicios Humanos, junto con la Administración General de Estados Unidos, anunciaron el 31 de marzo que están revisando 255.6 millones de dólares en contratos entre Harvard, sus filiales y el gobierno federal, además de 8,700 millones de dólares en compromisos de subvenciones plurianuales.
En una carta posterior, estos organismos exigieron a Harvard que cumpla numerosas condiciones para seguir recibiendo fondos federales, incluyendo prohibir el uso de mascarillas, eliminar programas DEI y cooperar con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Manifestantes propalestinos a menudo usan mascarillas durante sus protestas. La carta también pide a Harvard que revise y realice cambios en los programas y departamentos que “alimentan el acoso antisemita” y que responsabilice a los estudiantes por violaciones de la política.
“La Primera Enmienda no permite que los funcionarios del Gobierno utilicen su cargo para silenciar a los críticos y suprimir el discurso que no les gusta”, dijo Andrew Crespo, profesor de derecho de Harvard y asesor general del capítulo AAUP de la escuela.
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