La Plataforma Nacional de Transparencia se Llena de Solicitudes por la Financiación del “Martes del Jaguar”
El Caso Sansores: Una Lucha Contra la Censura y el Financiamiento Público
En los últimos meses, México ha sido escenario de un preocupante aumento en las acusaciones de censura gubernamental. Diversas instituciones, autoridades y poderes han intentado silenciar las críticas y controlar la información que se difunde. Estas acciones van desde iniciativas legislativas, como la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hasta resoluciones judiciales que prohíben la difusión o obligan a los críticos a disculparse. En este contexto, el caso de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se ha convertido en uno de los más alarmantes.
La estrategia de Sansores va mucho más allá de simples declaraciones. Se ha convertido en una práctica sistemática y institucional para intimidar a periodistas y medios de comunicación que considera sus enemigos. Lo preocupante es que este sistema de censura está financiado con recursos públicos.
El Gobierno de Campeche cuenta con un aparato jurídico que utiliza indiscriminadamente para interponer demandas y denuncias contra medios de comunicación y periodistas. Funcionarios públicos, como Walther David Patrón Bacab (titular de Comunicación Social) y miembros de la Consejería Jurídica local, como Juan Pedro Alcudia y César Cuauhtémoc Sánchez Cabrera, han sido clave en la gestión de estos procesos.
Si bien es cierto que las instituciones del Poder Ejecutivo tienen un departamento de Comunicación Social, su función principal es la difusión de las acciones del Gobierno. Sin embargo, este departamento no debe utilizarse para construir o preservar la imagen personal del gobernador ni del partido político. De igual manera, la Consejería Jurídica debe defender los intereses institucionales del Gobierno, no interponer juicios para proteger los intereses personales de la Gobernadora.
Layda Sansores ha utilizado los recursos humanos del Gobierno para interponer demandas por daño moral y denuncias por incitación al odio, en defensa de su imagen personal. Un ejemplo claro es el caso de Jorge Luis González y el medio digital Tribuna, de Campeche, que sufrieron la imposición de un censor judicial como resultado de estas acciones.
Además del equipo de ofensiva jurídica, la Gobernadora ha organizado una herramienta de comunicación mediática: el programa “Martes del Jaguar”, que se transmite semanalmente a través de Internet. En este programa, Sansores ataca directamente a periodistas, utilizando caricaturas y sátiras para ridiculizarlos, todo a costa del erario público.
El Sistema de Televisión y Radio de Campeche ha reconocido que la transmisión de cada episodio del Martes del Jaguar cuesta $11,863.50 pesos, utilizando 2 camarógrafos y 1 operador de audio con 2 cámaras de video y una consola de audio. Esta información fue obtenida a través de solicitudes de acceso a la información.
Actualmente, decenas de solicitudes de acceso a la información se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuestionando la fuente de financiamiento del Martes del Jaguar y los premios que la Gobernadora otorga a través del programa, como laptops y motocicletas. Se solicita una investigación sobre posibles responsabilidades administrativas y violaciones de derechos humanos cometidas a través del programa.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué está haciendo la Gobernadora Sansores para silenciar a periodistas? Se están interponiendo demandas y denuncias contra medios de comunicación y periodistas que critican a la gobernadora, utilizando recursos públicos.
- ¿Quiénes han estado involucrados en la gestión de estas demandas? Funcionarios públicos como Walther David Patrón Bacab (titular de Comunicación Social) y miembros de la Consejería Jurídica local, como Juan Pedro Alcudia y César Cuauhtémoc Sánchez Cabrera.
- ¿Cuál es el costo de producir un solo episodio del “Martes del Jaguar”? Aproximadamente $11,863.50 pesos, con la utilización de 2 camarógrafos y 1 operador de audio con 2 cámaras de video y una consola de audio.
- ¿Qué tipo de solicitudes de acceso a la información se han presentado sobre el programa? Se solicitan detalles sobre la financiación del programa y los premios otorgados.
- ¿Qué tipo de acciones se están llevando a cabo para investigar las posibles violaciones de derechos humanos? Se busca una investigación sobre responsabilidades administrativas y violaciones de derechos humanos cometidas a través del programa.
