El Programa Sectorial de Salud 2025-2030: Diagnósticos, Objetivos e Indicadores – Pero Sin la Protección Financiera
Un Mapa de Ruta con Falta de Brújula: La Desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos
La Gratuidad no es Protección Financiera: Un Análisis Profundo de la Situación Actual en México
El Gasto de Bolsillo en Salud: Datos que Revelan la Realidad Oculta
La Evolución de la Protección Financiera en el Programa Sectorial: Desde 2001 hasta la Actualidad
La Comparación Internacional: Brasil, Colombia y Chile – Modelos de Protección Financiera en Salud
Datos Clave: Gasto de Bolsillo en México vs. Otros Países de la OCDE
El Silencio de los Indicadores: ¿Cómo se Diseñan los Datos para Mantener la Narrativa?
La Omisión como Estrategia: ¿Por Qué se Desplaza la Protección Financiera?
El Impacto de la Decisión Política: ¿Por Qué se Evitan Metas Verificables y Recursos Suficientes?
El Desafío de la Cobertura Universal: ¿Un Enunciado Formal o una Garantía Real?
En México, la búsqueda de la cobertura universal en salud se enfrenta a una paradoja persistente: un Programa Sectorial de Salud que presenta diagnósticos, objetivos e indicadores, pero que, en la práctica, omite un componente fundamental: la protección financiera. Esta ausencia no es un accidente, sino una consecuencia de decisiones políticas que priorizan la retórica universalista sobre las garantías reales para los hogares más vulnerables.
El Programa Sectorial de Salud 2025-2030, presentado por la Secretaría de Salud (SSA), busca establecer una dirección para el sistema nacional de salud durante un sexenio. Sin embargo, al no incluir como objetivo estratégico la reducción del gasto catastrófico y mecanismos de financiamiento progresivos para los hogares pobres, el programa se aleja de la definición aceptada internacionalmente – basada en acceso a servicios esenciales y protección financiera (OMS, 2017; ONU, 2017). La cobertura universal no es simplemente “gratitud” en el punto de servicio; implica la posibilidad de que los hogares no enfrenten gastos que puedan poner en riesgo su bienestar económico y social.
La gratuidad, que significa no pagar en el punto de servicio dentro del sector público, es un avance importante. Sin embargo, no equivale a protección financiera. Los hogares que recurren al sector privado, compran medicamentos fuera de la red o deben afrontar enfermedades de alto costo – como tratamientos oncológicos – pueden sufrir graves problemas económicos, incluso llegar a la bancarrota. El gasto de bolsillo en salud, lejos de disminuir, ha aumentado en los últimos años (CIEP 2025; ENIGH 2024). Si bien el número total de hogares con gasto catastrófico ha disminuido en promedio, los más vulnerables – aquellos en el decil más pobre – han visto un aumento en sus gastos de salud.
Otros países de la región han demostrado que la protección financiera puede ser un componente explícito del mapa de ruta para la salud. En Brasil, la Constitución de 1988 establece el derecho a la salud como un derecho fundamental, y aunque el Sistema Único de Salud sufre de subfinanciamiento, la gratuidad integral del sistema público funciona como un amortiguador real contra el gasto catastrófico. En Colombia, la Ley 100 de 1993 diseñó un sistema de aseguramiento universal que reconoce la protección financiera como principio fundamental, reduciendo sustancialmente el gasto directo de los hogares. En Chile, el plan AUGE/GES garantiza cobertura financiera frente a un conjunto de enfermedades prioritarias con metas y financiamiento específico. Ninguno de estos modelos es perfecto, pero todos reconocen la necesidad de blindar a los hogares de la ruina económica.
Los datos internacionales refuerzan el contraste. Para 2021, Brasil tenía un gasto de bolsillo que representaba alrededor de una cuarta parte del gasto total en salud; en Colombia, apenas el 15 %; en Chile, cerca del 30 %. En México, supera el 40 %, siendo el nivel más alto de la OCDE (OMS, BM 2025). Mientras que estos países mantienen una política de protección financiera, México ha borrado este componente del programa sectorial. El silencio sobre el gasto que arruina hogares es una estrategia deliberada para evitar comprometerse con metas verificables y recursos que el Estado no está dispuesto a garantizar.
La omisión de la protección financiera en la gratuidad no es un accidente. Todo sugiere que no lo es. La sustitución de la protección financiera por la consigna de gratuidad responde a una decisión política: evitar comprometerse con metas verificables y recursos que el Estado no está dispuesto a garantizar. Nombrar la gratuidad cuesta poco; garantizar la protección financiera cuesta mucho. Al desplazarla del centro del programa, el gobierno reduce su campo de responsabilidad y diluye la exigibilidad ciudadana.
El desafío radica en que, con o sin programa, los gastos catastróficos seguirán existiendo en México. La diferencia es que, al no estar incluidos como meta sectorial, dejan de formar parte del radar gubernamental y se convierten en un problema invisible para el Estado. La vigilancia queda entonces en manos de la sociedad, de los hogares que viven la catástrofe en silencio y de la academia que documenta lo que la política oficial prefiere no mirar.
Preguntas y Respuestas Clave:
- ¿Qué es la cobertura universal en salud? Es el acceso a servicios de salud para todos, sin importar su nivel socioeconómico.
- ¿Qué diferencia la gratuidad de la protección financiera? La gratuidad significa no pagar en el punto de servicio, mientras que la protección financiera implica evitar gastos catastróficos que puedan poner en riesgo el bienestar económico de los hogares.
- ¿Por qué es importante la protección financiera? Porque los gastos catastróficos pueden llevar a la bancarrota y afectar el bienestar general de las familias.
- ¿Por qué se ha omitido la protección financiera en el programa sectorial? Se cree que responde a una decisión política para evitar comprometerse con metas verificables y recursos suficientes.
- ¿Cómo se mide el impacto de la protección financiera? Se analiza el gasto de bolsillo en salud de los hogares, especialmente de los más vulnerables.
*El autor es profesor titular del Dpto. de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM y profesor Emérito del Dpto. de Ciencias de la Medición de la Salud, Universidad de Washington.*
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