La Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa revelando una preocupante realidad: la transparencia en México, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue siendo un desafío significativo. Los últimos informes de 2024 y el primer corte de 2025 muestran que existen más de 51,000 millones de pesos pendientes de aclaración, con estados y municipios a la cabeza en este desorden contable. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas y la voluntad política para abordar el problema.
El Desafío de los Presupuestos Pendientes
La magnitud del problema es alarmante. Cada año, la ASF detecta sumas de dinero que no pueden ser rastreadas o explicadas. Estos fondos, a menudo relacionados con el gasto federalizado –el dinero que se distribuye desde el gobierno federal a los estados y municipios–, son particularmente difíciles de auditar. El gasto federalizado, por definición, debería ser el más vigilado, pero precisamente es donde se concentra la mayor parte de las irregularidades. La pregunta clave es: ¿cómo es posible que, a pesar de la existencia de una institución encargada de supervisar estos fondos, sigamos enfrentando esta situación año tras año?
La Institucionalidad como Obstáculo
El problema no se limita a la falta de tecnología o habilidades técnicas. Existe una profunda falla institucional. La ASF puede señalar las irregularidades, identificar los problemas y presentar sus hallazgos, pero rara vez tiene la capacidad de imponer sanciones o obligar a los responsables a corregir sus errores. Las observaciones y recomendaciones que realiza la ASF se acumulan sin que se tomen medidas efectivas. El sistema actual parece estar diseñado para permitir que las irregularidades persistan sin consecuencias.
Prescripción y la Lentitud de la Justicia
Un aspecto particularmente preocupante es que las observaciones realizadas por la ASF pueden estar prescritas, lo que significa que el plazo para investigar y sancionar las irregularidades ha expirado. El equipo de auditoría, liderado por David Colmenares Páramo, se enfrenta a esta realidad y la dificultad de imponer sanciones dentro del plazo legal. Esto crea un círculo vicioso: las irregularidades se perpetúan porque no hay consecuencias inmediatas.
La Ineficacia de las Auditorías Cruzadas
Además, la práctica de las auditorías cruzadas –donde diferentes equipos de auditores revisan los mismos fondos para detectar posibles duplicidades o errores– es prácticamente inexistente. Esto significa que la fiscalización y la responsabilidad resarcitoria son extremadamente débiles, lo que contribuye a la ineficacia general del sistema. El maestro Emilio Barriga Delgado, responsable de las auditorías especiales del gasto federalizado, se encuentra persiguiendo presuntos responsables administrativos por irregularidades de los años 2016 y 2017, y enfrenta demoras injustificadas en las audiencias, que superan los cuatro años, violando la figura de la prescripción y los derechos de los ciudadanos.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es la magnitud del problema de los presupuestos pendientes? Más de 51,000 millones de pesos.
- ¿Qué sectores son los más afectados? Estados y municipios, especialmente en relación con el gasto federalizado.
- ¿Por qué es difícil solucionar este problema? Debido a la falta de mecanismos efectivos para sancionar y corregir las irregularidades, así como a la prescripción de las observaciones.
- ¿Quién es David Colmenares Páramo? Es el titular de la ASF, quien defiende su gestión con cifras de recuperación y avances tecnológicos.
- ¿Quién es Emilio Barriga Delgado? Es el responsable de las auditorías especiales del gasto federalizado, quien enfrenta demoras injustificadas en las audiencias.
- ¿Qué significa la prescripción? Es el plazo legal para investigar y sancionar las irregularidades, que en este caso ha expirado.
