El Conflicto Tributario y la Economía Digital Mexicana
Este 9 de octubre de 2025, el máximo tribunal de justicia del país se enfrentará a un tema crucial para la economía digital mexicana: la constitucionalidad del impuesto del 2% a las plataformas digitales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá analizar si este gravamen, implementado inicialmente a nivel local por la Ciudad de México, es compatible con la Constitución y las leyes federales.
Este debate se ha prolongado durante varios años, con múltiples instancias legales y argumentaciones encontradas. La controversia se centra en si el gravamen, aplicado a empresas como Cabify, DiDi, Rappi, Uber, Lalamove y Mensajeros Urbanos, constituye un “aprovechamiento” legítimo del uso de la infraestructura pública, o si se trata simplemente de un impuesto disfrazado que invade competencias federales.
Antecedentes del Conflicto
El impuesto fue introducido por la administración de Claudia Sheinbaum en el Código Fiscal de la Ciudad de México, específicamente en su artículo 307 TER. Su objetivo declarado era gravar a las plataformas que facilitan la entrega de bienes, alimentos o paquetería, como Uber Eats, Rappi, Didi Food o DiDi. El gobierno de Sheinbaum se basó en tres argumentos para justificar el gravamen: la compensación por el uso de infraestructura pública, la equidad tributaria y la recaudación para servicios públicos, y su carácter de medida temporal y focalizada.
Sin embargo, las plataformas digitales, junto con asociaciones empresariales y legisladores de oposición, presentaron amparos argumentando la inconstitucionalidad del cobro. El argumento principal era que el impuesto generaba doble tributación y afectaría negativamente a los usuarios y la economía local. Los repartidores independientes, en particular, denunciaron que el costo recaía directamente sobre ellos.
En junio de este año, la Corte Suprema declaró inconstitucional el cobro del impuesto con una votación de 3-1. Esta decisión se basó en que el gravamen no constituía un aprovechamiento legítimo y representaba una invasión de competencias federales.
A pesar de la declaración de inconstitucionalidad, el gobierno de la Ciudad de México, ahora encabezado por Clara Brugada, no eliminó el gravamen. Esto ha llevado a una nueva revisión constitucional por parte de la Suprema Corte, que ahora deberá determinar si el gravamen debe ser eliminado o si puede mantenerse bajo otras modalidades.
El Impacto de la Disputa
La Alianza In México advierte que declarar constitucional este impuesto tendría un impacto devastador para miles de familias que dependen de las plataformas digitales para obtener ingresos, especialmente los repartidores independientes. Además, se argumenta que el impuesto genera un trato fiscal discriminatorio en comparación con otros prestadores de servicios similares y pone en duda el cumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales, particularmente los establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El impacto económico de la medida es considerable. Además de las plataformas digitales, se espera que el impuesto afecte negativamente a los pequeños y medianos negocios que dependen de esta modalidad de reparto, así como a los millones de consumidores que utilizan estos servicios diariamente. La economía digital es un componente fundamental del crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo en México, representando una nueva forma de empleo e innovación.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Es el impuesto un “aprovechamiento” legítimo del uso de la infraestructura pública, o es simplemente un impuesto disfrazado? La Corte Suprema deberá determinar si el gravamen cumple con los requisitos para considerarse un aprovechamiento legítimo, según la Constitución.
- ¿Cómo afectará el impuesto a los repartidores y las plataformas digitales? Se espera que genere pérdidas económicas significativas para los repartidores, especialmente los independientes, y afecte la viabilidad de las plataformas.
- ¿Qué impacto tendrá el impuesto en la economía digital mexicana? Se prevé un impacto negativo en el crecimiento de la economía digital y las oportunidades de desarrollo.
- ¿Cómo votará la nueva Corte? El resultado de la revisión constitucional determinará el futuro del impuesto y su impacto en la economía digital mexicana.
- ¿Qué significa el T-MEC para este debate? El tratado comercial con Estados Unidos y Canadá implica que México debe evitar medidas que puedan obstaculizar el comercio y la inversión.
