El Debate en torno a la Reforma de la Guardia Nacional
La reciente aprobación por parte de la cámara de diputados de la reforma a la ley de la Guardia Nacional ha desatado un intenso debate sobre el futuro de la seguridad en nuestro país. Esta modificación busca consolidar la concentración y gestión de la seguridad en manos de las fuerzas armadas, dotándolas de capacidades cada vez más amplias para intervenir y operar en la protección de nuestra ciudadanía y territorio. Si bien este proceso avanza, las atribuciones de la Guardia Nacional se están expandiendo en áreas como la economía, la seguridad y el ámbito institucional. La discusión central radica en cómo se implementarán estas nuevas funciones, considerando el contexto político y criminal actual.
Ampliación de Poderes: Investigación y Inteligencia
La reforma implica la asignación de nuevas facultades a la Guardia Nacional, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo investigaciones bajo el mando de ministerios públicos. Es importante destacar que, en muchos casos, estos ministerios públicos carecen de la profesionalización necesaria. Esto podría llevar a una mayor incursión en tareas de investigación ministerial y de inteligencia, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia –que ya se encuentra debilitada– y de organismos de inteligencia, como la CNI. Se prevé un seguimiento exhaustivo de redes sociales, telecomunicaciones y una intervención en conversaciones privadas para tejer redes de información con los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.
Presencia Militar y Privacidad
Se espera una mayor permanencia operativa en los territorios de la Guardia Nacional, con una presencia militar más amplia. Sin embargo, se insiste en que se garantizará la privacidad y seguridad de las personas. Esta expansión plantea interrogantes sobre cómo se logrará este equilibrio, especialmente en un contexto donde la seguridad ciudadana es una preocupación constante.
Preguntas Clave y Desafíos
- ¿Cómo se garantizará la seguridad de los ciudadanos y su privacidad? Es fundamental establecer mecanismos claros para proteger los derechos individuales, evitando abusos de poder y violaciones de la privacidad.
- ¿Quién y cómo se verificará el trabajo de la Guardia Nacional? Necesitamos sistemas transparentes para evaluar la efectividad y rendición de cuentas de las acciones realizadas por la Guardia Nacional.
- ¿Cómo se generarán los contrapesos y observaciones críticas que permitan certificar cómo actúa la autoridad y la sancionará en caso de abuso? Es esencial contar con instituciones independientes que puedan supervisar y sancionar cualquier acto de corrupción o abuso de poder.
- ¿Habrá espacio para el diálogo la contribución desde la organización civil? La participación de las organizaciones civiles es crucial para asegurar que se tengan en cuenta las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.
- ¿Cómo se evitará que esta concentración de poder en las fuerzas armadas conduzca a la erosión de nuestras instituciones democráticas? Es vital mantener un equilibrio entre la seguridad y los principios democráticos.
Reflexiones sobre el Contexto Actual
El proyecto nacional, que ha apostado por la desaparición de organismos autónomos y la dificultad para la rendición de cuentas, junto con el desmantelamiento de la Suprema Corte de Justicia y la renovación de ministros “elegidos” en áreas jurídicas, y una Comisión de Derechos Humanos poco presente, nos lleva a un horizonte preocupante. La militarización clara de la seguridad pública y la ampliación de funciones de las fuerzas armadas (al menos 38 contabilizadas al día de hoy en multiplicidad de tareas importantes, que antes eran civiles) nos hacen preocuparnos sobre las formas mediante las cuales un estado que se dice democrático podrá ejercer sobre sí mismo controles, mecanismos de seguimiento, contención y de transparencia.
Acumular tanto poder en una sola bolsa puede terminar por desgarrarla por la propia incapacidad de autorregulación. Para esto se requieren siempre equilibrios fuera de la propia lógica gubernamental que permita abrir posibilidades para evitar destruir nuestras propias instituciones por acumulación excesiva del ejercicio de poder y luchar contra la opacidad. Un horizonte preocupante se ve en los siguientes meses por venir para el país y nos tocará construir y vincular una nueva ciudadanía, más activa, atenta y responsable, que defienda su libertad de expresión, haga preguntas abiertas, exija rendición de cuentas y tenga el reconocimiento como actor y colaborador contributivo con las instituciones, porque esto nos toca como sociedad.
