En breve se cumplirá el centenario de la fundación del Banco de México, y una manera de abordar este tema es examinar las diferentes variantes de personalidad jurídica que ha tenido a lo largo de su existencia.
Primera Etapa: Sociedad Anónima (1925-1982)
Inicialmente, el Banco de México funcionó como sociedad anónima desde su creación hasta septiembre de 1982. Sin embargo, esta decisión no fue la más acertada debido a dos razones principales:
- La primera es que, siendo una institución con funciones públicas (como la emisión de billetes), se le asignó una estructura jurídica propia de empresas privadas con fines de lucro.
- La segunda razón fue el conflicto de intereses evidente en el órgano de gobierno operativo, el Consejo de Administración, donde representantes de los principales bancos comerciales participaban en discusiones de política cambiaria.
Segunda Etapa: Organismo Público Descentralizado (1982-1994)
Después de la estatización bancaria, en 1982 el presidente López Portillo convirtió al Banco de México en organismo público descentralizado. Esta transformación eliminó cualquier indicio de autonomía ya que, por definición, este tipo de entidad es subordinada.
- Durante esta etapa, la Junta de Gobierno también mostró disfuncionalidades, como el filtrado de información sensible a la prensa por parte de sus miembros.
Tercera Etapa: Persona Moral de Derecho Público (1994-Actualidad)
Desde 1994, el Banco de México ha adoptado la personalidad jurídica de persona moral de derecho público dotada de autonomía. Esta elección es la más adecuada por varias razones:
- Para validar que cumple funciones de Estado.
- Confirmar la estructura organizativa idónea para bancos centrales, reconocida por la civilización a lo largo del tiempo.
- El mandato constitucional asignado al Banco de México, según su ley orgánica de 1993, es “la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, es decir, prevenir la inflación en la economía del país.
En resumen, la personalidad jurídica actual del Banco de México como persona moral de derecho público autónoma es la más adecuada para cumplir su misión y proteger su independencia.