Desde hace tres semanas, entraron en vigencia dos nuevas leyes: la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Estas leyes reorganizan las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriéndoselas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y al órgano desconcentrado Transparencia del Pueblo.
Las decisiones emitidas por la nueva Secretaría de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Recursos para la Transparencia (SABG) son impugnables mediante juicio de amparo. El Poder Judicial de la Federación tiene 120 días naturales para establecer juzgados especializados en este ámbito.
Durante la creación de estos nuevos órganos jurisdiccionales, los plazos y términos procesales de los juicios de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales se suspende por 180 días naturales. Los expedientes de amparo relacionados con esta materia no continuarán su tramitación hasta que los nuevos órganos jurisdiccionales estén operativos.
La Cámara de Diputados aprobó el 2 de abril la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, eliminando el sistema electrónico CompraNet. Esta plataforma era utilizada para publicar información sobre licitaciones, contratos y compras públicas. La nueva plataforma será administrada por la Secretaría Anticorrupción.
La reforma también exime a las Fuerzas Armadas de las obligaciones de transparencia en proyectos estratégicos, como el Tren Maya. La oposición critica que esto podría fomentar la corrupción.
La reforma constitucional busca reducir la burocracia, agilizar trámites y digitalizar los servicios públicos. También se crea la Agencia de Transformación Digital para liderar este proceso, y se sustituye la Ley General de Mejora Regulatoria por la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.
El Senado aprobó el 2 de abril con 88 votos a favor, una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para evitar duplicidad de funciones entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este dictamen busca mejorar la gestión del gobierno digital y definir responsabilidades claras.
Efectos Secundarios
PENDIENTES: El gobierno de México anunció un paquete de modificaciones legales para evitar la liberación de cuentas financieras vinculadas a actividades delictivas. Estas reformas buscan fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado, ampliando las facultades de las autoridades para bloquear activos y mejorar la vigilancia sobre operaciones financieras sospechosas. Estas modificaciones garantizarán que los recursos del crimen no puedan circular libremente en el sistema financiero.
