El Debate sobre la Jornada Laboral en México
En México, la búsqueda de una jornada laboral más humana ha alcanzado un nuevo clímax. El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración del Día del Trabajo, sobre el inicio de diálogos para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, resuena con fuerza en una nación donde las extensas jornadas son la norma: dos de cada tres trabajadores superan las 40 horas semanales, y uno de cada cuatro excede el límite legal de 48, según datos de la OCDE. Paradójicamente, como bien apunta Santiago Levy, esta intensa actividad laboral no se traduce en una alta productividad, lo que sitúa a México en los últimos puestos de la OCDE en este rubro. Este histórico debate ¿marca un camino hacia mejores condiciones laborales, o abre una serie de interrogantes, particularmente en un sector empresarial diverso en tamaño, recursos y capacidades?
Contexto de la Jornada Laboral en México
México se distingue dentro de la OCDE por tener una de las jornadas laborales más extensas, superando incluso a países como Costa Rica, Chile e Israel. Esta realidad contrasta con la antigüedad de su marco regulatorio, que no ha experimentado cambios sustanciales desde 1917, lo que subraya la urgencia de una reforma laboral. La legislación mexicana establece un máximo de 48 horas laborales semanales, aunque en la práctica muchos trabajadores superan esta cifra sin que existan sanciones para los empleadores. La reducción a 40 horas implicaría la obligatoriedad de dos días de descanso a la semana, un aspecto que genera resistencia por parte de algunos patrones debido al posible incremento en los costos laborales si se requiere contratar personal adicional para cubrir los turnos, pensemos, por ejemplo, en el sector comercio al por mayor y por menor, que actualmente representa una quinta parte de la población económicamente activa.
El Desafío de la Implementación
El objetivo del gobierno federal es ambicioso: alcanzar una semana laboral de 40 horas de manera gradual para el año 2030 a través de un proceso de diálogo, involucrando a empresarios, sindicatos y trabajadores. Sin embargo, la capacidad de absorber estos cambios varía considerablemente entre grandes corporativos y pequeñas y medianas empresas (PyMEs). El sector empresarial, representado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha manifestado su preocupación ante un entorno económico de desaceleración, disminución de la inversión y baja creación de empleos. Considera que no es el momento adecuado para implementar esta reforma de manera uniforme y aboga por priorizar medidas que eleven el atractivo de México como destino de inversión. Por lo tanto, propone mayor flexibilidad en el esquema y excepciones sectoriales y por tamaño de empresas a fin de considerar la heterogeneidad del tejido empresarial mexicano, donde las PyMEs representan una parte sustancial y a menudo operan con márgenes más ajustados.
El Debate en Profundidad
La reforma de reducir la jornada laboral no es nueva en México. En octubre de 2022, una iniciativa similar presentada en la Cámara de Diputados no logró avanzar. Ahora, bajo la nueva administración, se retoma el debate con la promesa de un diálogo inclusivo. México se suma a una tendencia en Sudamérica, donde países como Chile y Colombia ya están implementando o discutiendo reducciones graduales similares. No obstante, la concreción de esta medida en México podría extenderse hasta 2027 o 2028, dependiendo de los acuerdos que se alcancen en las mesas de diálogo.
El Impacto y la Complejidad
Actualmente, la situación laboral en México presenta desafíos importantes. Según datos del IMCO, muchos de ellos ya laboran por encima del límite legal actual. La reforma, además, no alcanzaría a los millones de trabajadores del sector informal o por cuenta propia, quienes suelen enfrentar jornadas aún más prolongadas. Todo ello evidencia que, aunque necesaria, la medida es solo un primer paso para garantizar condiciones laborales más justas. La implementación de esta reforma implica una inversión considerable y ajustes operativos, pero también requiere un cambio cultural en la concepción del trabajo.
Propuestas y Consideraciones
Para poder absorber la reducción de horas sin afectar la producción, quizá sería necesario agregar a la discusión la necesidad de programas de apoyo para la adopción de tecnologías y la capacitación del personal. Sin embargo, esto implica abordar el tema del financiamiento de la banca de desarrollo y apoyos fiscales. La Coparmex propone, además de integrar esquemas de gradualidad en la implementación, aplicar excepciones sectoriales e incentivos fiscales específicos para las PyMEs para facilitar su adaptación, otorgar la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales, y revisar aspectos fiscales para garantizar que no haya una afectación salarial para los trabajadores.
El gobierno federal exige fortalecer la inspección laboral y fomentar un diálogo social continuo con empresarios (de todo tamaño), sindicatos y trabajadores. Esto permitirá definir una implementación gradual y adaptada, considerar la creación de apoyos para PyMEs, informar a todos los actores, establecer métricas de evaluación y generar consensos para resolver conflictos. Todo esto, por supuesto tendría que reflejarse en un análisis sólido de impacto presupuestal.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué tan realista es alcanzar una jornada de 40 horas para 2030? La concreción dependerá de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, lo que implica un proceso largo y complejo.
- ¿Cómo afectará la reforma a las PyMEs? Las PyMEs podrían enfrentar dificultades para absorber los cambios sin afectar su productividad, por lo que se necesitan medidas de apoyo específicas.
- ¿Qué tipo de excepciones sectoriales podrían ser necesarias? Se podría considerar excepciones para sectores con características particulares que dificulten la implementación de la jornada reducida.
- ¿Cómo se abordará el tema del sector informal? La inclusión de los trabajadores informales es un desafío importante, que requiere políticas específicas para formalizarlos y garantizarles derechos laborales.
- ¿Cómo se financiará la implementación de la reforma? Se requerirá una inversión considerable y ajustes fiscales, lo que podría generar presión sobre el presupuesto público.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.
