El Retraso en la Publicación de una Reforma Crucial
La Urgencia de Dignificar los Sectores Clave del Estado
México ha avanzado en materia laboral, pero una situación inaceptable persiste: la reforma constitucional que garantiza salarios dignos para médicos, enfermeras, maestros, policías y personal militar permanece sin publicar. Esta omisión priva a millones de trabajadores del sector público de un derecho largamente anhelado y ampliamente consensuómico. La reforma, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por legisladores de todas las fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso y en los congresos estatales. Sin embargo, tras más de seis meses desde su aprobación constitucional, la publicación en el Diario Oficial de la Federación sigue pendiente. Esta situación se ha denominado “veto de bolsillo” por parte de la Presidenta Sheinbaum.
La reforma establece dos ejes principales: primero, el salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación. Se busca asegurar que las fijaciones anuales de los salarios mínimos o profesionales, así como su revisión, no se vean afectados por el aumento del costo de vida. Segundo, se garantiza un salario mensual no inferior al promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para médicos y enfermeras, que en 2024 equivale a 16,777 pesos. Este salario base se actualizará anualmente conforme a la inflación.
Contexto y Relevancia de la Reforma
Un Desacuerdo Social y Político Amplio
Esta reforma responde a una realidad tangible: los profesionales de la salud, la educación y la seguridad han históricamente experimentado salarios inferiores a la media nacional, a pesar de su trascendencia social. Mientras que el salario promedio en el IMSS ronda los 16,777 pesos, muchos médicos, enfermeras, policías y maestros perciben entre 6,800 y 12,000 pesos mensuales. Esta disparidad refleja una situación de precariedad laboral y desigualdad que afecta a millones de mexicanos.
La aprobación unánime de la reforma fue el resultado de un amplio consenso social y político. Se realizaron foros nacionales y estatales para escuchar a trabajadores, especialistas y ciudadanía, confirmando la necesidad de esta reforma. La discusión giró en torno a cómo garantizar su viabilidad presupuestal y su impacto positivo en la calidad de los servicios públicos. El debate no se centró en si era necesaria la reforma, sino en cómo implementarla sin comprometer el sistema financiero del país.
El Retraso en la Publicación: Un Desafío Constitucional
Discrepancias Presupuestarias y la Obligación Constitucional
A pesar de cumplir con todos los requisitos constitucionales, la publicación de la reforma se ha retrasado. El artículo 135 de la Constitución establece que, una vez aprobada por el Congreso y la mayoría de los congresos estatales, corresponde al Congreso emitir la declaratoria de constitucionalidad y ordenar su publicación inmediata. Sin embargo, la omisión persiste, a pesar de que la ley es clara: la publicación no puede condicionarse a consideraciones presupuestales, pues se trata de un mandato constitucional.
Existe una discrepancia entre la Secretaría de Hacienda, que argumenta que la reforma no genera una carga adicional directa, y los legisladores de oposición, quienes señalan que se trata de un “veto de bolsillo” para postergar la implementación del derecho. Se estima que el impacto presupuestario de la reforma supera los 39 mil millones de pesos anuales. Esta diferencia se utiliza como pretexto para retrasar la declaratoria, a pesar de que el Congreso tiene la obligación de publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
La Urgencia de Publicar la Reforma: Justicia y Futuro
Un Compromiso con los Trabajadores y la Sociedad
La omisión de publicar esta reforma perpetúa la desigualdad y la precariedad laboral en sectores fundamentales para el país. No se trata solo de justicia para quienes dedican su vida a educar, curar y proteger a la sociedad; se trata de fortalecer el Estado de bienestar, mejorar la calidad de los servicios públicos y combatir la corrupción desde la raíz. Los salarios dignos son una barrera fundamental contra incentivos perversos y la corrupción.
La publicación inmediata de esta reforma es una obligación constitucional y ética. No hay justificación válida para seguir postergando un derecho que ya fue reconocido por la soberanía nacional y por la representación de todos los estados. Se hace un llamado a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que cumplan con su deber y publiquen a la brevedad esta reforma en el Diario Oficial de la Federación.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué es la reforma salarial constitucional? La reforma busca garantizar un salario mínimo que no disminuya por la inflación y establecer un salario base para médicos, enfermeras, maestros, policías y personal militar, igual o superior al promedio del IMSS.
- ¿Por qué se ha retrasado la publicación? Existe una discrepancia entre el gobierno federal y los legisladores de oposición sobre las implicaciones presupuestarias, con algunos argumentando que la reforma no genera una carga directa al presupuesto.
- ¿Qué significa el término “veto de bolsillo”? Se refiere a la práctica de postergar la implementación de una reforma constitucional hasta el último momento, aprovechando las posibilidades de retraso.
- ¿Cuál es la importancia de los salarios dignos? Los salarios dignos son fundamentales para combatir la corrupción, promover la igualdad y garantizar el bienestar social.
*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.
