La aprobación del paquete económico 2026 ha traído consigo la adición del artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, un cambio que obliga a los proveedores de servicios digitales a otorgar acceso irrestricto, permanente y en tiempo real a sus bases de datos al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Esta medida, presentada como una herramienta para verificar obligaciones fiscales, ha generado un intenso debate y preocupaciones sobre la posibilidad de convertirse en un sistema de vigilancia sin precedentes, con el doble discurso de las autoridades morenistas.
Si bien el gobierno argumenta que la regulación se limitará a la información fiscal de las plataformas, en materia de IVA, con el objetivo de mejorar la recaudación y cerrar espacios de evasión fiscal, las organizaciones han expresado su inquietud ante el potencial alcance de la medida. Se ha denunciado que el SAT busca obtener una visibilidad completa de las transacciones digitales de todos los usuarios, desde compras en línea y viajes hasta el uso de aplicaciones de transporte o citas, cruzando esa información con otras bases de datos gubernamentales. Esto permitiría rastrear hábitos de consumo, movilidad, relaciones personales y prácticamente cualquier patrón de actividad digital.
La presencia en la misma reunión del pasado 12 de noviembre de directivos de la Agencia para la Transformación Digital, un organismo que carece de facultades fiscales pero que está construyendo este esquema, ha generado suspicacias. Se considera que su injerencia confirma la construcción de un sistema que permitirá el acceso a datos sensibles sin controles, límites ni garantías claras.
El artículo entrará en vigor en 2026, pero aún no se cuenta con lineamientos oficiales ni reglas transparentes sobre su implementación. En un contexto donde la capacidad técnica permitiría la vigilancia continua de millones de personas, la opacidad debería alarmar a cualquiera que valore la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de la economía digital.
La amplitud potencial de acceso estatal a sistemas digitales privados –incluyendo empresas con operaciones transfronterizas– seguramente será uno de los temas sensibles durante la próxima revisión del T-MEC entre México y Estados Unidos, donde la protección de datos, la certidumbre regulatoria y la no intervención en operaciones tecnológicas serán puntos clave de discusión.
Efectos Secundarios y Contexto Económico
En México, actualmente operan 36 sociedades financieras populares y de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores atienden a más de 25 millones de usuarios. Recientemente estas sociedades financieras mostraron sus resultados trimestrales como Libertad Financiera a cargo de Silvia Lavalle quienes reportaron que alcanzó un crecimiento de 7.4% con una cartera total de 8,400 millones de pesos. En el indicador de captación, alcanzó los casi 10,000 millones de pesos, con un índice de capitalización superior al 138%, rubro superior al que solicita el regulador.
Además, la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande de México está en Toluca y su expansión ha sido posible con la inversión de 2,626 millones de pesos. Ayer, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, inauguró la ampliación que eleva la inversión histórica total acumulada en PetStar a 5,186 millones de pesos. Gracias a esta expansión, la capacidad anual de reciclaje pasará de 50,000 a 86,000 toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, como resultado de procesar más de 123,000 toneladas de PET al año, equivalentes a 5,500 millones de botellas que serán reincorporadas a la cadena de valor de los embotelladores de Coca-Cola accionistas de PetStar.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el objetivo principal del artículo 30-B? El objetivo declarado es verificar obligaciones fiscales y mejorar la recaudación, pero existe preocupación por el potencial de vigilancia masiva.
- ¿Qué tipo de información podría acceder el SAT? El artículo permitiría acceso a transacciones digitales, hábitos de consumo, movilidad y relaciones personales.
- ¿Qué organismos están involucrados? El SAT y la Agencia para la Transformación Digital.
- ¿Qué implica el T-MEC? La protección de datos, la certidumbre regulatoria y la no intervención en operaciones tecnológicas serán puntos clave de discusión.
