Contexto de la situación
En México, el sistema penitenciario se enfrenta a una profunda crisis. Según datos recientes del Inegi, un alarmante 2 de cada 5 personas privadas de la libertad –alrededor del 53%– se encuentran en prisión sin una sentencia que determine su culpabilidad. Esta situación, que se observa tanto en las cárceles estatales como federales, revela una problemática compleja con profundas implicaciones para los derechos humanos y la justicia. En 2024, las instalaciones carcelarias registraron a un total de 236,773 personas en prisión, con 85,547 de ellas en condición de prisión preventiva. Esta cifra subraya la magnitud del problema y la necesidad urgente de abordar las causas subyacentes.
Prisión preventiva: una medida con riesgos
La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica cuando una persona es acusada de un delito y se mantiene en prisión mientras avanza el proceso legal, esperando su juicio. En teoría, esta medida busca asegurar que el acusado no pueda influir en las investigaciones o presionar a testigos. Sin embargo, la realidad es que esta práctica puede ser problemática y generar violaciones de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. El Inegi revela que, al cierre de 2024, solo el 38% de los presos sin sentencia estaban en prisión preventiva justificada –es decir, basada en un análisis previo que demostraba la necesidad de mantenerlos presos para evitar que influyeran en el proceso-. El resto, casi la mitad (47%), se encontraban privados de libertad por prisión preventiva oficiosa –aplicada automáticamente debido a la gravedad del delito presuntamente cometido–, y un 13% no tenían definido su estatus jurídico.
Sobrepoblación carcelaria: una realidad preocupante
La crisis se agrava con la sobrepoblación de las cárceles mexicanas. Al final de 2024, existían 103 personas privadas de la libertad por cada espacio disponible en las instalaciones carcelarias. En total, el sistema penitenciario mexicano contaba con 325 centros de detención: 230,168 personas estaban encarceladas. Los centros penitenciarios estatales presentan una ocupación significativamente mayor que los federales, lo que dificulta aún más la gestión y el mantenimiento de condiciones dignas.
Las cifras por entidad federativa revelan que el Estado de México y Nayarit son los estados con las tasas más altas de sobrepoblación, con 239 personas privadas de la libertad por cada 100 espacios disponibles. Esta situación genera serios riesgos para los derechos humanos de los internos, incluyendo la falta de higiene, acceso a salud y alimentación adecuada, escasez de recursos básicos y un aumento del riesgo de violencia e inseguridad dentro de las instalaciones.
Datos clave sobre la situación
- 2 de cada 5 presos en México no tienen sentencia (aproximadamente el 53%).
- 236,773 personas privadas de la libertad en 2024.
- 85,547 personas en condición de prisión preventiva.
- 103 personas privadas de la libertad por cada espacio disponible.
- El Estado de México y Nayarit presentan las tasas más altas de sobrepoblación.
Prisión preventiva: un análisis más profundo
La práctica de la prisión preventiva oficiosa, donde se mantiene a una persona en prisión sin una justificación específica basada en el delito presuntamente cometido, es un tema de debate. Existe la preocupación de que esta práctica pueda violar los derechos humanos y presionar a las personas a aceptar cargos o declarar contra sí mismas, en lugar de defenderse adecuadamente. Además, la sobrecarga del sistema penitenciario dificulta el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los internos, independientemente de si tienen sentencia o no.
Implicaciones y desafíos
- Violaciones de derechos humanos: La sobrepoblación y la falta de recursos pueden llevar a abusos, violencia y otras violaciones de derechos humanos.
- Presunción de inocencia: La prisión preventiva oficiosa puede socavar la presunción de inocencia, un principio fundamental del sistema legal.
- Dueño proceso: La falta de recursos y la sobrecarga del sistema dificultan el cumplimiento del debido proceso.
- Desafíos para la justicia: La sobrepoblación dificulta el acceso a la justicia y la posibilidad de un juicio justo.
