La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que su gobierno ya presentó una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán, conocido popularmente como “El Ratón”. Este anuncio se produce en un contexto de esfuerzos por desacreditar acusaciones que vinculan al gobierno con el narcotráfico y reafirma la postura de Sheinbaum en contra de cualquier tipo de relación con el crimen organizado.
La demanda fue interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia, tras las declaraciones públicas realizadas por Lichtman. Estas acusaciones se basaban en una audiencia reciente donde Ovidio Guzmán se declaró culpable en una corte de Estados Unidos. Lichtman cuestionó la legitimidad del gobierno mexicano y sugirió que este había tenido participación en los acuerdos judiciales de su cliente, afirmaciones que Sheinbaum calificó como “inadmisibles”. Este incidente se suma a una serie de esfuerzos por proteger la imagen del gobierno y desmentir cualquier conexión con actividades ilícitas.
La decisión de presentar la demanda por difamación es un paso significativo en la estrategia del gobierno de Sheinbaum para combatir las acusaciones de vínculos con el narcotráfico. El hecho de que la Consejería Jurídica de la Presidencia haya sido la encargada de presentar la demanda subraya la importancia que el gobierno le otorga a este asunto. La decisión no se toma a la ligera, sino que responde a una evaluación cuidadosa de las declaraciones realizadas y al deseo de defender la reputación del gobierno.
Este caso se asemeja en algunos aspectos al intento de demanda por daño moral que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había anunciado en 2023 contra César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. En ese momento, AMLO había afirmado que De Castro intentó vincularlo al narcotráfico durante el juicio de su cliente. Sin embargo, finalmente desistió de presentar la denuncia, argumentando que las leyes de Estados Unidos protegían ampliamente a los abogados en el ejercicio de su labor profesional, incluso frente a acusaciones de difamación. Esta situación actual refleja la complejidad legal y política que implica defenderse de acusaciones de vínculos con el crimen organizado, especialmente cuando se involucra a abogados que representan a personas acusadas de delitos graves.
La postura de Sheinbaum se mantiene firme: no establecerá diálogo con abogados que representen a narcotraficantes y enfatiza que su gobierno se basa en resultados, no en discursos. Esta determinación refleja una estrategia de seguridad basada en la eficacia y la prevención, en lugar de depender únicamente de relaciones políticas. El caso subraya la tensión entre los esfuerzos del gobierno para combatir el crimen organizado y la necesidad de proteger la reputación y la integridad legal de sus funcionarios y representantes.
La decisión de presentar la demanda por difamación es un acto contundente que busca demostrar el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien las leyes de Estados Unidos protegen a los abogados en el ejercicio de su profesión, la decisión de presentar la demanda busca responder a las acusaciones y defender la imagen del gobierno. Este caso, junto con otros esfuerzos para combatir el crimen organizado, refleja una estrategia compleja y multifacética que busca asegurar la seguridad nacional y proteger los intereses del país.
