El Aumento de Personas Sin Acceso a Servicios Médicos Revela una Profunda Desigualdad
El Seguro Popular y su Sustitución Exacerban la Situación, Según Expertos
A pesar de una ligera reducción en 2024, el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud sigue siendo alto, superando cifras registradas en años anteriores. En 2024, se estima que 44.5 millones de personas en México no tienen a qué institución pública acudir para recibir atención médica, y una parte importante de las 85.6 millones restantes acuden a servicios privados. Esta situación evidencia un desafío importante para el sistema de salud del país, según señalan expertos consultados.
En 2016, el acceso a servicios de salud en México era preocupante: 15.6% de la población, lo que equivalía a 18.8 millones de personas, no tenía acceso. Para 2024, esa proporción se elevó a 34.2%, que representan 44.5 millones de personas, un aumento significativo en comparación con los datos de 2016.
Esto significa que actualmente hay 25.7 millones de personas más sin acceso a servicios de salud en comparación con 2016, lo que representa más de una tercera parte de la población. La desaparición del Seguro Popular y su reemplazo por el Insabi, entre otros factores, han contribuido a esta situación.
Según la metodología para la medición de la pobreza utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una persona está en situación de carencia por acceso a servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, lo que incluye el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social —Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina— o los servicios médicos privados.
Juan Pablo Gutiérrez, académico de la UNAM, destaca que existen dos elementos importantes a considerar al analizar estos datos. El primero es que cuando existía el Seguro Popular, había un esquema explícito de afiliación, lo que facilitaba la identificación y acceso a los servicios. Al desaparecer este organismo y ser sustituido por el Insabi, ya no se pedía que las personas se afiliaran, con el argumento de que bastaba presentarse a la institución para ser atendidos.
El académico enfatiza que, si bien esto explica, al menos en parte, la variación, lo importante es tener claro que no es menor el reto que tiene el país en términos de acceso a los servicios de salud. El sistema necesita ser universal, que termine con la segmentación y que ofrezca servicios de salud para toda la población.
Axel Eduardo González Gómez, coordinador de Datos en México ¿cómo vamos?, subraya que al analizar los indicadores es importante revisar lo que manifiestan las personas cuando les preguntan a quién acuden cuando tienen un problema de salud, es decir dónde se atienden.
En 2024, 57.6% de las personas con problemas de salud se atendieron en centros privados, mientras que 40.6% lo hicieron en instituciones públicas. En 2016, estos porcentajes eran 19% y 85%, respectivamente. Además, se observa un incremento considerable en el número de personas que acuden a consultorios y hospitales privados, pasando del 28.5% en 2016 al 33.3% en 2024, y en los consultorios adyacentes de farmacias, que pasaron del 17.4% en 2016 al 24.3% en 2024.
Juan Pablo Gutiérrez expone que desde una perspectiva de acceso efectivo, los datos dados a conocer por el Inegi muestran que una buena parte de la población considera que el proveedor público al que podría acudir cuando se enferma no tiene la capacidad para resolverle sus problemas de salud.
“Eso evidencia que como país tenemos un reto de acceso efectivo a los servicios de salud. Las personas están eligiendo ir a servicios privados, sumado a que se ha perdido esta noción de a qué tengo derecho, en ausencia de un mecanismo explícito de afiliación o algo que permita tener a la gente claridad de a dónde acudir en caso de que lo necesite”.
Gasto de bolsillo en salud
Axel Eduardo González Gómez destaca que ha evolucionado el gasto de bolsillo en salud de los hogares. “Particularmente desde 2020 el gasto en salud como porcentaje del ingreso total, de su ingreso corriente se ha incrementado para todos los niveles de ingreso, respecto de lo que se observaba en 2016 y 2018”.
Si se observan los datos del porcentaje del ingreso de los hogares que destinan a salud, por cada uno de los deciles en que se divide a la población para analizar temas de ingresos y gastos, es notorio que en el decil más bajo en 2024 representó 3.9% en 2024, cuando en los demás deciles no superó 2.7%, mientras que en 2020 fue de 5%.
En el decil más bajo ese gasto equivalió a 2.9 en 2018 y en 2024, como ya se mencionó, fue de 3.9%.
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica que entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud en México aumentó 7.9 % en términos reales y alcanzó un promedio de 6,421 pesos anuales por hogar.
Aunque a escala nacional disminuyó el número de hogares con gasto catastrófico (–6,170) y empobrecedor (–9,826), los hogares de menores ingresos enfrentaron el escenario contrario: en el decil uno, hay 9,651 y 10,459 hogares más con este tipo de gasto, lo que revela una mayor presión financiera para acceder a servicios de salud.
También indica que 63% de la población reporta afiliación a una institución pública, pero seis de cada 10 personas se atienden en farmacias o consultorios privados. La compra de medicamentos representa 38% del gasto de los hogares en salud y 50% en los hogares de menores ingresos.
Remarca que la persistencia del gasto de bolsillo, incluso entre afiliados al IMSS o ISSSTE, junto con las desigualdades entre entidades, traslada el peso del financiamiento del sistema de salud a los hogares.
En otro aspecto, México ¿cómo vamos? enfatiza que las carencias sociales relacionadas con educación y salud están íntimamente ligadas con el progreso social. Por eso, los tres estados con menor progreso social en 2024 que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se encuentran entre las ocho entidades con menor porcentaje de personas en carencia por acceso a servicios de salud, mientras que las entidades con menor porcentaje en esta carencia son Nuevo León (15.8%), Baja California Sur (19.6%) y Coahuila (20.3%).
Los datos indican que en Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Estado de México, superan 40% de población con carencia de acceso a salud.
Si se comparan los datos de 2018 y 2024 llama poderosamente la atención que en Chiapas pasó de 17.6% a 63.3% la población en situación de carencia por acceso a los servicios de salud.
Por otra parte, un análisis inicial de las cifras de medición de la pobreza de 2024 de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), remarca que la carencia de acceso a servicios de salud se combina con el deterioro de la atención en los servicios públicos de salud.
La falta de acceso efectivo y atención oportuna y de calidad está documentada, en situaciones como el desabasto de medicamentos o la posposición de la atención para consultas con especialistas, análisis y estudios médicos, cirugías y tratamientos complejos o de larga duración, lo que ha generado la privatización del gasto en salud, que creció en promedio 41% entre 2018 y 2024.
Rogelio Gómez Hermosillo, presidente Ejecutivo de ACFP subraya precisamente que la carencia de acceso a servicios de salud se agrava por el incremento en gasto privado en salud que aumentó 41% y todavía más en los hogares de menor ingreso.
Estos datos muestran la urgencia de corregir a fondo las políticas gubernamentales, confirman que la vía para reducir la pobreza es crear una economía de inclusión y crecimiento con equidad y una política social que construya un piso de derechos sociales y no solo programas de transferencia, considera.
Para Juan Pablo Gutiérrez el panorama expuesto evidencia que necesitamos crear un sistema realmente universal, que termine con la segmentación y que ofrezca servicios de salud para toda la población, haciendo explícito que el país tiene capacidad de atender a todas las personas.
Eso requiere una decisión política de aumentar el gasto público en salud y siguiendo una trayectoria hacia el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales, por ejemplo, de destinar lo equivalente al 6% del PIB en gasto en salud.
Para el académico, hay deficiencias en los servicios que han sido documentadas, por ejemplo, el desabasto de medicamentos y las carencias del sistema de vacunación, lo cual tiene que ver con inversión pública, sin la cual no se podrá lograr el objetivo que todo mundo quiere que es la cobertura universal.
