La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución que declara constitucional el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, relativo al delito de peculado. Esta decisión fue tomada por unanimidad en el amparo directo en revisión 4634/2025, bajo la ponencia de Estela Ríos González.
¿Qué es el Peculado y por qué es importante?
El peculado es un delito grave que se define como el desvío de bienes o fondos públicos, pertenecientes al Estado o a un particular, por parte de un servidor público. Este delito se comete cuando un funcionario utiliza su cargo para apropiarse de recursos que debería administrar en beneficio propio o para el beneficio de otra persona. La importancia de este delito radica en que socava la confianza pública, desvía recursos necesarios para el desarrollo social y económico del país, y afecta directamente la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones.
El Artículo 223 y la Disputa Constitucional
La resolución del SCJN se refiere a una disputa legal sobre la constitucionalidad de las frases “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga” que se incluyen en el artículo 223. Algunos argumentaron que estas frases eran demasiado vagas y ambiguas, lo que violaba el principio de legalidad penal, que exige que las normas penales sean claras y precisas para evitar interpretaciones arbitrarias.
El Razonamiento del Supremo Corte
Sin embargo, el SCJN determinó que estas frases, junto con toda la fracción del artículo 223, son suficientemente claras y precisas para que los destinatarios de la norma (los servidores públicos) puedan comprender su significado. La Corte basó su decisión en un análisis del lenguaje natural y gramatical de las palabras utilizadas: “beneficio”, “tercera persona” y “distraiga”.
Análisis del Lenguaje Utilizado
La Corte explicó que el término “beneficio” se asocia con conceptos como “bien que se recibe”, “utilidad” o “ganancia económica”. El término “tercera persona” se refiere a “persona que media entre otras” o “persona distinta de las que intervienen en un asunto”. Finalmente, “distraiga” se entiende como “apartar, desviar, alejar” o “malversar fondos”. Esta interpretación integral del lenguaje permite comprender el alcance del delito de peculado, evitando interpretaciones restrictivas que pudieran socavar la intención original del legislador.
El Principio de Legalidad Penal
El principio de legalidad penal es un pilar fundamental del sistema jurídico. Establece que nadie puede ser condenado por una acción u omisión si no está previamente establecida como delito en la ley. Esto implica que las normas penales deben ser claras y precisas para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar la seguridad jurídica. El SCJN ha reafirmado que, si bien las normas penales deben ser claras, no es necesario eliminar todas las posibles ambigüedades para que una norma sea constitucional. La Corte considera que, en este caso, el lenguaje utilizado es suficiente para delimitar el alcance del delito de peculado y evitar interpretaciones que pudieran ser consideradas arbitrarias.
El Rol de la Ponencia
La ponencia de Estela Ríos González fue fundamental en este proceso. Su análisis detallado del lenguaje utilizado y su argumentación jurídica contribuyeron a la decisión unánime del Supremo Corte. La claridad con la que abordó las posibles ambigüedades y su defensa del principio de legalidad penal fueron clave para la resolución.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué define el delito de peculado? El peculado es el desvío de bienes o fondos públicos por parte de un servidor público, ya sea para su propio beneficio o el de otra persona.
- ¿Por qué se cuestionó la constitucionalidad del artículo 223? Se argumentó que las frases “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga” eran demasiado vagas y ambiguas, lo que podría llevar a interpretaciones arbitrarias.
- ¿Por qué el Supremo Corte declaró constitucional el artículo? El SCJN determinó que, junto con toda la fracción del artículo 223, el lenguaje utilizado es suficientemente claro y preciso para que los servidores públicos comprendan el alcance del delito.
- ¿Qué es el principio de legalidad penal? Es el principio que exige que las normas penales sean claras y precisas para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar la seguridad jurídica.
- ¿Cuál fue el rol de Estela Ríos González? Su ponencia proporcionó un análisis detallado del lenguaje utilizado y argumentó a favor de la constitucionalidad del artículo 223.
