Candidatos con Antecedentes Penales y la Reforma Judicial
Las elecciones judiciales del próximo mes en México han generado una gran polémica, con varios candidatos que compiten por cargos de juez federal con antecedentes penales y vínculos pasados. La reforma judicial propuesta por el expresidente López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, busca introducir la votación popular para elegir jueces, pero ahora se cuestiona si esta reforma no está poniendo en riesgo el estado de derecho del país.
Candidatos con Historiales Complejos
Varios candidatos han llamado la atención por sus antecedentes. Entre ellos, Silvia Delgado, quien representó a “El Chapo” Guzmán, el antiguo jefe del cártel de Sinaloa. Actualmente, Delgado busca convertirse en jueza penal en Chihuahua, y ha estado visitando la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez para distribuir folletos y hablar con los votantes. Esta mujer, madre soltera que crió a sus cuatro hijos y estudió derecho, afirma no ser corrupta y defender su trabajo como abogada de “El Chapo” como una oportunidad profesional importante. Afirma no haber tenido contacto con los abogados de “El Chapo” desde el caso, aunque sí ayudó a su esposa, quien tiene doble nacionalidad.
Otros candidatos con problemas legales incluyen a Francisco Hernández, un juez destituido en Jalisco por acusaciones de abuso sexual y corrupción. Fernando Escamilla, que asesoró a capos del cártel de Los Zetas sobre extradición, también busca convertirse en juez federal penal.
La Reforma Judicial y sus Críticas
La reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024, reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de México de 11 a 9, disminuye sus mandatos a 12 años y reduce la práctica jurídica requerida a cinco años. Además, elimina algunos beneficios para los trabajadores judiciales y crea un tribunal disciplinario de cinco personas.
La reforma fue criticada por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien durante la administración Biden, señaló que representaba una amenaza a la democracia mexicana. El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) ha identificado más de 130 candidatos con altas probabilidades de ganar en ausencia de opositores, y ha criticado problemas en el diseño de las papeletas que incluyen cientos de nombres y pueden confundir a los votantes.
Preocupaciones sobre la Elegibilidad
Organizaciones como Defensorxs han identificado a una veintena de candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con organizaciones criminales. El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha calificado el enfoque sobre la elegibilidad de ciertos candidatos como una “guerra mediática racista y clasista”.
La autoridad electoral, el INE, ha dejado claro que los nombres no pueden ser retirados antes de la votación. Sin embargo, cualquier investigación sobre la elegibilidad de un candidato debe estar terminada antes del 15 de junio, cuando se completan los resultados y se confirman los cargos.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Qué candidatos compiten por cargos judiciales?
- Varios candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con organizaciones criminales.
- ¿Cuál es la reforma judicial propuesta?
- Reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de México de 11 a 9, reduce sus mandatos a 12 años y reduce la práctica jurídica requerida a cinco años.
- ¿Qué organizaciones han expresado preocupaciones?
- Defensorxs, JUFED (Asociación Mexicana de Jueces), el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
- ¿Qué se ha hecho para investigar la elegibilidad de los candidatos?
- El INE ha realizado una revisión posterior a la elección de cualquier queja formal sobre los candidatos con el fin de demostrar que una persona no es elegible para ocupar el cargo.
- ¿Qué se ha dicho sobre la posibilidad de retirar candidatos de la votación?
- El INE ha dejado claro que los nombres no pueden ser retirados antes del 15 de junio, cuando se completan los resultados y se confirman los cargos.
- ¿Qué se ha dicho sobre la posibilidad de que la reforma judicial sea una amenaza para el estado de derecho?
- La reforma podría eliminar los contrapesos al partido gobernante Morena y permitir a grupos del crimen organizado una mayor influencia sobre el sistema judicial.
