El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitió medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano tras los recientes hallazgos de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Resolución del CED
La resolución, anunciada el viernes 4 de abril, responde a una solicitud presentada por organizaciones civiles Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Estos grupos documentaron 18 casos de desaparición relacionados con el rancho.
- Acciones urgentes solicitadas:
- Resguardar el predio del rancho Izaguirre
- Realizar investigaciones coordinadas, incluyendo a familiares de las víctimas
- Asegurar la cadena de custodia de todos los restos y objetos hallados
- Realizar análisis genéticos para identificar los restos
- Analizar exhaustivamente los objetos personales encontrados
- Efectuar un análisis de contexto para esclarecer patrones y modus operandi regionales
Estas acciones tienen como objetivo proteger adecuadamente los restos óseos y elementos probatorios localizados, garantizar el acceso a la información por parte de familiares y representantes, y asegurar su participación activa en los procesos de búsqueda e investigación.
Preocupación del CED
El Comité expresó preocupación por las amenazas que enfrentan los colectivos de búsqueda, a pesar de contar con medidas de protección otorgadas por el Estado mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Posibles Consecuencias
Con esta resolución, se activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. En caso de comprobarse que las desapariciones son una práctica generalizada, el Comité podrá llevar el caso ante la Asamblea General y clasificarlo como de urgente resolución.
Reacción del Gobierno Mexicano
En respuesta a la resolución del CED, el gobierno mexicano rechazó que las desapariciones sean generalizadas. Sin embargo, mostró disposición para seguir colaborando con información.
La Secretaría de Gobernación afirmó que en México “no se consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. El gobierno mexicano aseguró su compromiso para combatir este flagelo y seguirá atendiendo las solicitudes de información del Comité.
Implicaciones
Marisol Méndez, coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia, explicó que al aceptar la competencia del Comité, México se comprometió voluntariamente a cumplir con sus resoluciones.
Víctor Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, considera que si el caso avanza en Naciones Unidas, podría poner en riesgo la llegada de inversiones o flujo turístico, y podría derivar en sanciones económicas y restricciones para políticos mexicanos.
