Análisis de Pensiones en LyFC y Pemex Revela Desequilibrios Significativos
El gobierno federal, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, está llevando a cabo una exhaustiva revisión de las pensiones otorgadas al sector público, en respuesta a casos que han generado indignación y preocupación. Se trata de un esfuerzo para asegurar la legalidad y la transparencia en la asignación de estos recursos, especialmente ante casos que revelan diferencias abismales con el promedio nacional.
La iniciativa se basa en la detección de pensiones excepcionalmente altas, algunas que alcanzan los más de 1 millón de pesos mensuales. Esta situación, según la presidenta Sheinbaum, es “ofensiva” y refleja una posible discrecionalidad en la asignación de estos beneficios. El objetivo principal es determinar si estas pensiones son legales y, en caso contrario, explorar la posibilidad de una reforma constitucional para establecer límites razonables y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
La revisión no solo se limita a identificar los casos individuales, sino que implica una profunda investigación del marco legal vigente. Se están revisando las regulaciones existentes para asegurar que no existen lagunas que permitan la asignación de pensiones excesivas. Además, se están implementando medidas para agilizar el intercambio de información entre las diferentes entidades gubernamentales, con el fin de verificar la legalidad y la transparencia de todos los procesos.
Desequilibrios en LyFC y Pemex
El análisis de pensiones en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) revela una situación particularmente preocupante. Este padrón de jubilados abarca a 14,073 personas, lo que representa un gasto anual de 28,064 millones de pesos. De este grupo, el 67% – es decir, 9,457 personas – reciben pensiones que superan los 100,000 pesos mensuales. Un número significativo de estos jubilados han estado recibiendo estas pensiones durante 16 años, lo que subraya la magnitud del problema.
La distribución de las pensiones dentro de LyFC es la siguiente:
- Entre 3,491 – 99,999 pesos mensuales: 4,616 de personas
- Entre 100,000 – 199,999 pesos mensuales: 8,540 personas
- Entre 200,000 – 299,999 pesos mensuales: 603 personas
- Entre 300,000 – 399,999 pesos mensuales: 205 personas
- Entre 400,000 – 699,999 pesos mensuales: 75 personas
- Entre 700,000 – 999,999 pesos mensuales: 33 personas
- Más de 1 millón de pesos mensuales: 1 persona
En comparación con el promedio mensual de pensiones en México (7,092 pesos) y las instituciones públicas como el ISSSTE y el IMSS (entre 6,676 y 8,400 pesos), las pensiones de LyFC son 140 veces mayor en promedio. Esta disparidad es alarmante y requiere una atención inmediata.
El análisis también se ha extendido a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se identificaron 22,316 pensionados con un gasto anual de 28,844 millones de pesos. En este caso, los pensionados reciben 39 veces más que el promedio nacional. De manera similar, se han identificado 1,096 casos en los que cada pensión supera el monto anual bruto del máximo establecido en el tabulador salarial vigente de la empresa.
La funcionaria Raquel Buenrostro ha destacado que se están implementando medidas para agilizar el intercambio de información entre las diferentes entidades gubernamentales, con el fin de verificar la legalidad y la transparencia de todos los procesos.
Medidas Implementadas
Para abordar este complejo problema, se han establecido mesas de trabajo que involucran a diversas dependencias gubernamentales, incluyendo la dependencia a cargo de Buenrostro, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG. Estas mesas se centran en revisar la legalidad de las pensiones existentes, regular los registros y homologar los expedientes.
Además, se emitirán oficios para agilizar el intercambio de información con los registros nacionales de población y los registros civiles de las entidades federativas, lo que permitirá una verificación más exhaustiva de la información y evitar posibles irregularidades.
La revisión legal y los convenios con registros civiles sonan como una estrategia integral para asegurar la transparencia y evitar futuras irregularidades en la asignación de pensiones.
