La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia al decidir no utilizar las camionetas blindadas de lujo que adquirieron recientemente. Esta decisión llega después de una ola de críticas en redes sociales y la solicitud de información por parte del gobierno federal. La Corte, liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha optado por devolver los vehículos y explorar opciones para ponerlos a disposición de jueces que enfrentan riesgos.
El Contexto: Un Gasto Elevado y una Promesa de Ahorro
La adquisición de estas camionetas, valoradas en casi tres millones de pesos cada una, se realizó con el objetivo principal de reducir los gastos del Poder Judicial de la Federación (PJF). El CJF, el TEPJF y la SCJN operaban bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles, lo que generaba un gasto anual de 366.2 millones de pesos con contratos de al menos tres años de vigencia. Esta situación se produjo en un momento donde el gobierno federal buscaba reducir el gasto público y mejorar la eficiencia del sistema judicial.
La Decisión de Devolver los Vehículos
Tras la difusión de fotografías de las camionetas en redes sociales, que generaron una fuerte reacción pública, la Corte tomó la decisión de no utilizar los vehículos. La Presidenta Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Gobernación, solicitó información al Órgano de Administración Judicial (OAJ) sobre la adquisición vehicular. El OAJ informó que, al sustituir el contrato de renta por la compra, se “ahorraron más de 1,000 millones de pesos” en este proceso.
La Justificación Técnica y la Nueva Inversión
El OAJ explicó que la adquisición de los nuevos vehículos se basó en criterios de prevención, seguridad institucional y no en consideraciones discrecionales. Se determinó que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares de seguridad, lo que comprometía su operación. En lugar de mantener el esquema de arrendamiento, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué se adquirieron las camionetas blindadas originalmente? Para reducir los costos del PJF, que operaban bajo un esquema de arrendamiento.
- ¿Cuál fue la reacción pública ante la adquisición? Una fuerte crítica en redes sociales, que obligó a la Corte a reconsiderar su decisión.
- ¿Cuál fue el ahorro estimado al cambiar el esquema de arrendamiento por la compra? Más de 1,000 millones de pesos.
- ¿Cuál fue la inversión total en los nuevos vehículos? 252 millones de pesos.
- ¿Cuántos vehículos se adquirieron en total? 571.
