El pleno del Senado mexicano ha aprobado, por 83 votos a favor y 38 en contra, la reforma propuesta por la Cámara de Diputados a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este complejo paquete legislativo, ahora remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación, ha generado un intenso debate político y legal, centrado principalmente en la persistente preocupación sobre el riesgo de retroactividad que aún mantiene la reforma.
El Artículo Tercero Transitorio: El Punto de Contraste
La discusión se ha focalizado en el artículo tercero transitorio, modificado por la Cámara de Diputados después de la aprobación inicial del Senado. Este artículo establece que las etapas procesales concluidas, que generen derechos adquiridos a las partes, se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos. En cuanto a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del Decreto, se regirán por las disposiciones de este mismo Decreto. Sin embargo, la intención original era eliminar el problema de retroactividad que se había detectado en la versión inicial del Decreto.
La Disputa sobre Retroactividad: Una Lucha por los Derechos Judiciales
A pesar de la modificación, la oposición liderada por el PAN, PRI y MC argumenta que la reforma sigue presentando un riesgo significativo de retroactividad. La Dra. Guadalupe Murguía del PAN expresó su preocupación, calificando la modificación como una “cortina de humo” y una simulación para desviar la atención del público del daño real que representa la reforma: “la retroactividad de la Ley de Amparo continúa, está simulada, maquillada, negada”. Murguía enfatizó que la ley debe proteger los derechos y no basta con afirmar que no es retroactiva; el cuerpo de la ley debe estar exento de carácter retroactivo.
Argumentos en Contra: El Impacto Potencial en los Derechos de los Ciudadanos
El Diputado Carolina Viggiano del PRI, también señaló que la reforma mantiene un riesgo de retroactividad. Argumentó que la ley podría otorgar más poder a las autoridades y menos acceso a la justicia para los ciudadanos. La preocupación central radica en que, si la reforma se implementa, podría afectar a personas que ya han presentado sus demandas y podrían perder derechos adquiridos debido a la nueva legislación.
El Contexto de la Reforma y las Motivaciones del Oficialismo
El oficialismo, impulsado por el movimiento Morena y PVEM, busca implementar la reforma con el objetivo de “quebrar al país y ya no saben ni cómo y de dónde tener recursos”. Esta declaración sugiere que la reforma está vinculada a la necesidad de recaudar créditos fiscales pendientes, estimados en más de 2 billones de pesos y que afectan a cerca de 200,000 personas. Esta situación añade una capa adicional al debate, ya que la reforma podría utilizarse para presionar a los contribuyentes y asegurar el cobro de estos créditos.
La Persistencia del Debate Legal
En este contexto, la Dra. Amalia García del MC, se mofó de manera irónica al afirmar que el nuevo artículo tercero transitorio aprobado por la Cámara Baja “insiste en la aplicación retroactiva de la Ley de Desamparo”. Este comentario refleja la profunda preocupación legal y política que existe en torno a la posibilidad de que la reforma cause daño significativo a los derechos de los ciudadanos.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el principal motivo de la reforma a la Ley de Amparo? El oficialismo busca recaudar créditos fiscales pendientes.
- ¿Qué dice el artículo tercero transitorio de la reforma? Establece que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos se regirán por las leyes vigentes al inicio de los procesos, mientras que las actuaciones posteriores se regirán por el nuevo decreto.
- ¿Por qué existe preocupación sobre la retroactividad? Existe el riesgo de que la reforma afecte a personas que ya han presentado sus demandas y pierdan derechos adquiridos.
- ¿Qué partidos políticos se oponen a la reforma? PAN, PRI y MC.
- ¿Cuál es el monto estimado de los créditos fiscales pendientes? Más de 2 billones de pesos.
