La discusión sobre las posibles reformas a la Ley de Desaparición Forzada está tomando un nuevo rumbo, con la senadora Claudia Anaya Mota instando a una mayor consulta y diálogo con los colectivos de búsqueda de personas. La iniciativa presidencial para modificar la legislación actual, que incluye también reformas a la Ley General de Población en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, requiere una revisión profunda y no puede basarse únicamente en las propuestas del gobierno.
El Contexto de la Ley Actual
La ley vigente en materia de desaparición forzada fue establecida en 2017. Su creación se realizó a través de una mesa tripartita, que buscaba asegurar la participación y representación de tres actores clave: los colectivos de búsqueda de personas, el gobierno federal y el Congreso de la Unión. Esta mesa tripartita fue fundamental para asegurar que las leyes reflejaran las necesidades y demandas de las víctimas, sus familias y los grupos de apoyo.
Por Qué es Necesaria una Consulta Amplia
Claudia Anaya Mota, integrante de la Comisión de Gobernación y responsable de dictaminar el paquete legislativo de reformas, argumenta que simplemente presentar una iniciativa presidencial no es suficiente. Considera que las modificaciones necesarias a la ley han sido identificadas y propuestas por los propios colectivos de búsqueda de personas, quienes han detectado deficiencias en la implementación de la ley actual. La senadora enfatiza que las reformas no pueden limitarse a las ideas del gobierno, sino que deben estar basadas en la experiencia y los conocimientos de quienes llevan años trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas.
La Falta de Sinergia entre Comisiones y Fiscalías
Un punto central en la discusión es la falta de coordinación entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías. Según Anaya Mota, la ley actual no establece una vinculación clara entre estas instituciones. Las comisiones de búsqueda realizan la labor de investigación y localización, pero carecen de la facultad legal para hacerlo de manera efectiva. Por otro lado, las fiscalías tienen la facultad de investigar y perseguir los casos de desaparición, pero no siempre utilizan las herramientas y estrategias proporcionadas por las comisiones de búsqueda. Esta falta de sinergia dificulta enormemente el trabajo y entorpece los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas.
La Propuesta de la Senadora: Parlamento Abierto y Mesa Tripartita
Ante esta situación, la senadora Anaya Mota propone una solución concreta: “armar el parlamento abierto” y establecer una mesa tripartita de trabajo. Esta mesa, según su propuesta, debería incluir representantes del gobierno federal, los colectivos de búsqueda de personas y el Senado. El objetivo sería escuchar atentamente las propuestas y necesidades de los colectivos, para así construir un proyecto de reformas que sea realmente adecuado a sus demandas y que responda a los desafíos reales en la búsqueda de personas desaparecidas. La senadora subraya que, para llevar a cabo un trabajo serio y responsable, es fundamental priorizar el diálogo y la colaboración entre todos los actores involucrados.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué es importante que las reformas a la ley de desaparición forzada no se basen únicamente en las propuestas del gobierno? Porque los colectivos de búsqueda de personas han identificado deficiencias en la implementación de la ley y sus propuestas son fundamentales para mejorarla.
- ¿Cuál es el principal problema que impide una mayor eficacia en la búsqueda de personas desaparecidas? La falta de sinergia entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías, que dificulta la coordinación y el intercambio de información.
- ¿Qué propone la senadora Claudia Anaya Mota para solucionar este problema? Propone “armar el parlamento abierto” y establecer una mesa tripartita de trabajo con representantes del gobierno, los colectivos de búsqueda y el Senado.
- ¿Por qué es necesario escuchar a los colectivos de búsqueda? Porque ellos tienen la experiencia y el conocimiento necesarios para identificar las deficiencias de la ley y proponer soluciones efectivas.
