Un grupo de organizaciones civiles y de derechos humanos ha expresado profunda preocupación ante un proyecto de sentencia presentado por la Ministra Yasmín Esquivel, que podría limitar severamente el acceso de las asociaciones civiles y colectivos ambientales al sistema judicial de amparo en casos relacionados con temas ambientales. Esta situación plantea serias interrogantes sobre el futuro de la protección del medio ambiente y la participación ciudadana en la defensa de los derechos ambientales.
El Proyecto de Sentencia y sus Implicaciones
El proyecto de sentencia, vinculado a la contradicción de criterios número 217/2021, buscaba establecer un criterio que obligaría a las organizaciones ambientales a demostrar una afectación directa y personal para poder presentar juicios de amparo. Esto significa que, si una organización no podía demostrar que se ve directamente afectada por una acción o proyecto ambiental específico, perdería el derecho a recurrir al sistema judicial de amparo.
¿Qué se Busca con Esta Restricción?
La propuesta de la Ministra Esquivel Mossa, según las organizaciones, limitaría el papel fundamental que juegan estas asociaciones en la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Actualmente, las organizaciones ambientales suelen actuar basándose en su misión institucional y el interés público que representan, sin necesidad de una afectación individual directa. El proyecto pretendía cambiar esta lógica, exigiendo que las organizaciones demostraran un daño personal para poder acceder al amparo.
Organizaciones Preocupadas y sus Argumentos
Un amplio número de organizaciones, incluyendo a CEMDA, Greenpeace México, Fundar, Artículo 19, México Evalúa, la Red TDT y el Centro Prodh, entre otras, han manifestado su oposición a este proyecto. Estas organizaciones argumentan que la restricción propuesta va en contra del principio de progresividad, un concepto fundamental en el sistema legal que implica avanzar hacia una mayor protección de los derechos.
Además, señalan que la iniciativa judicial coincide con una tendencia preocupante en el Congreso mexicano, donde se ha aprobado una reforma a la Ley de Amparo que también busca limitar el interés legítimo y restringir las suspensiones de actos de autoridad en materia ambiental. Esta combinación de restricciones judiciales y legislativas representa una amenaza significativa para la capacidad de las organizaciones ambientales de defender los derechos ambientales.
El Acuerdo de Escazú y la Protección Ambiental
Las organizaciones enfatizan que el proyecto de Esquivel Mossa contradice directamente el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo es fundamental para asegurar que las personas puedan participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y exigir responsabilidades por los daños ambientales.
El Acuerdo de Escazú, firmado por 23 países de América Latina y el Caribe, establece que las personas tienen derecho a acceder a la justicia para defender sus derechos ambientales. Al limitar el acceso al amparo, se socava este derecho fundamental y se dificulta la protección del medio ambiente.
El Papel de las Organizaciones Ambientales
Las organizaciones ambientales desempeñan un papel crucial en la sociedad al monitorear las actividades que pueden afectar el medio ambiente, denunciar irregularidades y promover políticas ambientales más sostenibles. Su trabajo se basa en la defensa del interés público, no solo en la protección de intereses individuales. El proyecto de Esquivel Mossa pone en riesgo este papel fundamental al exigir una conexión directa y personal para poder acceder al sistema judicial de amparo.
Solicitud a la Corte y Llamado a la Defensa del Derecho Ambiental
Ante esta situación, las organizaciones han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no retomar el proyecto en los mismos términos y han llamado a las ministras y ministros a reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo, acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Consideran que es fundamental mantener una postura que promueva el acceso a la justicia y la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Cuál es el principal problema que plantean las organizaciones? El proyecto de sentencia busca limitar el acceso al sistema judicial de amparo para las asociaciones ambientales, exigiendo una afectación directa y personal para poder presentar juicios.
- ¿Qué organizaciones se han manifestado en contra del proyecto? CEMDA, Greenpeace México, Fundar, Artículo 19, México Evalúa, la Red TDT y el Centro Prodh, entre otras.
- ¿Qué implica la restricción propuesta? Que las organizaciones ambientales deberán demostrar un daño personal para poder acceder al sistema judicial de amparo.
- ¿Qué derecho se pone en riesgo con esta iniciativa? El derecho a acceder a la justicia garantizado por el Acuerdo de Escazú.
- ¿Por qué es importante el papel de las organizaciones ambientales? Debido a que monitorean, denuncian y promueven políticas ambientales sostenibles, actuando en defensa del interés público.
