La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó el firme rechazo del país a la práctica de la pena de muerte, respondiendo preguntas sobre la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no solicitar esta medida contra tres líderes destacados del narcotráfico mexicano: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Jesús Vicente Zambada. Esta postura refleja una política institucional del Estado mexicano, más allá de cualquier opinión personal.
Durante la conversación, Sheinbaum explicó que los tratados de extradición firmados entre México y Estados Unidos establecen un marco claro: no se puede aplicar la pena de muerte a individuos entregados a México para ser procesados en otro país. Esta cláusula ha sido una constante en la relación bilateral, demostrando un compromiso de cooperación legal y judicial.
Además, la presidenta descartó rotundamente cualquier supuesto acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los narcotraficantes, específicamente en referencia al caso de Ovidio Guzmán, quien fue extraditado a México en septiembre de 2023. “No sabemos qué acuerdo haya, no es público y ninguno de nosotros tiene información sobre eso,” afirmó Sheinbaum. Esta respuesta busca evitar especulaciones y mantener un enfoque basado en la transparencia y la información oficial.
Celebra Sentencia por Tráfico de Armas
En otro aspecto relevante, la jefa del Estado celebró como un “buen indicador” la reciente sentencia dictada en Estados Unidos contra seis individuos acusados de traficar armas de alto poder hacia México. Esta acción judicial fue calificada como una señal positiva del compromiso compartido entre ambos países para combatir el crimen trasnacional y la violencia relacionada con armas de fuego.
Sheinbaum Pardo destacó que el tráfico ilegal de armas es una preocupación central en las conversaciones diplomáticas con Washington. El gobierno mexicano considera que esta problemática requiere una atención prioritaria, ya que las armas traficadas terminan en manos del crimen organizado, exacerbando la violencia y la inseguridad en México. El gobierno mexicano busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos para interceptar el flujo de armas ilegales y desmantelar las redes criminales que las distribuyen.
La postura de Sheinbaum refleja una política de Estado que busca evitar la extradición de individuos a países donde se podría aplicar la pena capital. Esta estrategia se basa en el principio de respeto a los derechos humanos y la prohibición del castigo de muerte, tal como lo establece el derecho internacional. Además, la presidenta enfatizó la importancia de abordar las causas profundas del crimen organizado y la violencia en México, incluyendo la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. El gobierno mexicano está implementando diversas estrategias para combatir el crimen, como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la prevención del delito y la promoción del desarrollo económico y social en las regiones más vulnerables.
La situación actual con el tráfico de armas subraya la necesidad de una cooperación más estrecha entre México y Estados Unidos. Se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer los mecanismos de control fronterizo, mejorar la inteligencia y el intercambio de información, y presionar a los mercados internacionales para que no financien ni comercialicen armas hacia organizaciones criminales. El gobierno mexicano está comprometido a mantener este diálogo y buscar soluciones efectivas para proteger a la población mexicana de la violencia y el crimen.
- El gobierno mexicano ha firmado numerosos tratados de extradición con Estados Unidos.
- Existe la creencia de que el tráfico ilegal de armas es una causa fundamental del crimen organizado en México.
- El gobierno mexicano busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas.
- La postura de Sheinbaum se basa en la prohibición de la pena de muerte y el respeto a los derechos humanos.
La decisión del Departamento de Justicia de no solicitar la pena capital contra los líderes narcotraficantes refleja una tendencia global hacia la disminución del uso de la pena de muerte. Si bien el debate sobre esta práctica continúa, la decisión estadounidense representa un avance en la lucha contra el crimen organizado y una oportunidad para fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos.
